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Destacadas: Manifiesto por una política digna de España en el Sáhara Occidental

Enviado el Lunes, 28 de abril de 2014, a las 02:01:32
Tema: ONU - Enviado por numa
MINURSO
MINURSO
ONU

Por Jaime de Piniés*, Javier Morillas*, Miguel Iñiguez*, Carmen Garrigues*, Ana María Rodríguez de Viguri* y Eduardo Fungairiño*

Con motivo de la renovación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), y ante la continua vulneración por Marruecos del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, los abajo firmantes quieren manifestar a la opinión pública española e internacional lo siguiente:

1. España no sólo sigue manteniendo con el Sáhara Occidental obligaciones de tipo moral, histórico o político, sino también de carácter jurídico, ya que, según Naciones Unidas, continúa siendo 'de iure' la Potencia Administradora de dicho territorio. Ello implica una serie de responsabilidades, según el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, tanto como garante de su derecho a la autodeterminación, como respecto a la tutela de los Derechos Humanos de su población y la preservación de la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales.
 
2. Pese a la ocupación ilegal y al margen del Derecho Internacional por el Reino de Marruecos desde 1975 de la mayor parte de su superficie, el Sáhara Occidental sigue siendo, según Naciones Unidas, un territorio en proceso de descolonización y ésta sólo habrá finalizado cuando el pueblo saharaui pueda ejercer su Derecho a la Autodeterminación sin ningún tipo de cortapisas en un Referéndum, bajo control de la ONU, en el que la independencia sea una de las opciones.

3. Aunque hace ya más de 20 años que se estableció en el Sáhara Occidental una misión de la ONU para la celebración de dicho Referéndum (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental - MINURSO), con el que se comprometió inicialmente el Reino de Marruecos, la realidad es que dicho país ha puesto posteriormente todo tipo de obstáculos a que la MINURSO pudiera cumplir con dicho objetivo, al ignorar sistemáticamente el Derecho Internacional y pretender partir de la base de su soberanía sobre el territorio aunque ello no tenga sustento legal alguno ni en las resoluciones de la ONU, ni en el dictamen que el Tribunal Internacional de La Haya emitió en octubre de 1975 a petición de la Asamblea General de la ONU precisamente por iniciativa del Reino de Marruecos.

4. Asimismo, y pese a los intentos realizados en abril del pasado año por la administración estadounidense, y anteriormente por otros miembros del Consejo de Seguridad como Sudáfrica, Uganda, Nigeria, México, Panamá, Costa Rica, Austria o Reino Unido, la MINURSO ha carecido durante todos estos años de un mandato para la vigilancia de los Derechos Humanos en el territorio, con lo que, además de no cumplir con su función originaria, sus efectivos deben permanecer impasibles ante las continuas vulneraciones que de aquéllos efectúan las Fuerzas de Seguridad y los colonos marroquíes contra la población saharaui. Conferir a la MINURSO dicho mandato en materia de vigilancia de los Derechos Humanos tanto en los territorios ocupados por Marruecos como en los campamentos de refugiados de Tinduf es absolutamente imprescindible para que Naciones Unidas y la legalidad internacional sigan teniendo alguna credibilidad en la solución del conflicto ya que se trata de la única misión de la ONU de estas características que carece de dichas competencias.

5. Es por ello que la actuación del Gobierno de España el pasado año, al respaldar el bloqueo de Marruecos y Francia a la iniciativa estadounidense, resulta tanto más vergonzosa y escandalosa si se tienen en cuenta tanto las obligaciones que aún tiene nuestro país con el pueblo saharaui como Potencia Administradora de iure del territorio, como que dicha actuación conllevó el incumplimiento flagrante de una resolución del Congreso de los Diputados aprobada el 7 de marzo de 2012 en su Comisión de Asuntos Exteriores, por unanimidad de todos los grupos, en la que se instaba al Ejecutivo a llevar a cabo gestiones en la ONU para ampliar el mandato de la MINURSO a la supervisión de los Derechos Humanos. En ningún caso puede quedar atribuida la supervisión de los Derechos Humanos a órganos creados por quien no sólo es parte en el conflicto y carece de soberanía sobre el territorio sino que ha demostrado no tener la más mínima voluntad de perseguir y sancionar a los responsables de las gravísimas violaciones de Derechos Humanos producidas en el territorio que ocupa.

6. Los abajo firmantes consideramos que la descolonización inconclusa del Sáhara Occidental sigue siendo el gran asunto pendiente de la Transición Española a la democracia, en cuyo proceso iniciado en 1975 quienes hasta entonces eran nuestros conciudadanos fueron los grandes sacrificados. Con el abandono por parte de España de sus responsabilidades, se empujó al pueblo saharaui y a la sub-región hacia un horizonte de guerra, horror y desolación, en doloroso contraste con el camino que comenzó a transitar nuestro pueblo hacia un futuro de libertades y prosperidad. Aquello dejó una mancha profunda en el prestigio y dignidad de España que no podemos seguir incorporando sin más en nuestra conciencia colectiva. Y si nuestro país quiere merecer el respeto de la comunidad internacional y el de sus propios ciudadanos debería reparar aquel terrible error y desvincularse como Estado de aquellos hechos.

7. Es por ello que también pensamos que una solución justa y conforme al Derecho Internacional al conflicto del Sáhara Occidental no es ni debe ser patrimonio exclusivo de ninguna corriente ideológica ni de ningún sector político de la sociedad, sino que se trata de un asunto de Estado que concierne a toda España y al conjunto de sus ciudadanos e instituciones y que debe, por tanto, estar al margen de cualquier controversia partidaria o política coyuntural.

8. El compromiso y la deuda moral contraídos por España con el pueblo saharaui hace 38 años sólo podrán ser saldados con una decidida actuación de nuestras instituciones y de nuestro Gobierno en los foros internacionales, mediante la que España asuma de una vez las responsabilidades que aún tiene 'de iure' como Potencia Administradora del territorio y propicie, de este modo, un mayor papel de Naciones Unidas en la resolución del conflicto y en la tutela de los Derechos Humanos, así como en la presión del conjunto de la comunidad internacional a Marruecos para que cese su política de ocupación por la fuerza y facilite el ejercicio del derecho de autodeterminación por el pueblo saharaui de acuerdo con los principios y doctrina de la ONU y sin ningún tipo de cortapisas.

9. La drástica reducción de hasta más del 50 por ciento de la ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo con los refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf efectuada en los últimos años es una más de las decepciones que el actual Gobierno ha provocado en todos los que somos sensibles a la causa saharaui. Creemos que dicha cooperación, vital para la supervivencia de los refugiados saharauis, debe volver a sus niveles anteriores. Igualmente creemos que deberían oficializarse las relaciones con el Frente Polisario y las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática, dotándoles del estatuto diplomático de que son merecedoras en tanto que representantes legítimos del pueblo saharaui y que no puede ser inferior al de la representación palestina en España.

10. Todas nuestras convicciones encuentran asimismo fundamento en el hecho de que el futuro del Sáhara Occidental, la última colonia de África, constituye para España una cuestión de vital interés geoestratégico, ya que no habrá un Magreb unido, próspero y democrático sin una solución justa y acorde con el derecho internacional a dicho conflicto. Lo contrario sería aceptar una política de hechos consumados basada en la ley del más fuerte que sentaría un precedente peligrosísimo para la integridad territorial de España en las relaciones con nuestro vecino del sur.

11. La dignidad de España como Nación y sus obligaciones internacionales con el pueblo saharaui, el único del mundo árabe-musulmán que tiene como lengua oficial el español, no pueden ser utilizadas como moneda de cambio en las relaciones con Marruecos y no es tolerable que este país chantajee continuamente a España para consolidar su ocupación ilegal con asuntos como la lucha contra la inmigración clandestina o la cooperación antiterrorista. No es casual que coincidiendo con cada renovación del mandato de la MINURSO arrecie, con la más que probable complicidad de las autoridades marroquíes, la presión inmigratoria sobre España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. Los abajo firmantes deseamos una política de buena vecindad con Marruecos, pero ésta no puede estar basada en la permanente cesión de España a las pretensiones de su clase política, sino que requiere las necesarias dosis de firmeza.

12. Es por ello que también consideramos que dichas relaciones no pueden estar guiadas por visiones de corto plazo o basadas en el mero interés económico, en asuntos como la Pesca o la posible existencia de bolsas submarinas de petróleo, o por la solución de contenciosos en que los saharauis no pueden ser marginados, como el de la delimitación de las aguas territoriales canarias. Cualquier explotación de los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental debe realizarse respetando la plena soberanía sobre los mismos del pueblo saharaui y las disposiciones al respecto de Naciones Unidas.

13. La justicia y la aplicación de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental no sólo es imprescindible para la construcción de un Magreb estable, sino para la edificación de un espacio de libertad y tolerancia tanto en el conjunto del mundo árabe- musulmán como en la parte de éste más vital para España por razones estratégicas y de proximidad, el propio Magreb y la zona del Sahel. Lejos de pretendidos análisis interesados y sustentados en premisas erróneas o afirmaciones calumniosas, la lucha que el pueblo saharaui, practicante de un modelo islámico moderado sin atisbo alguno de integrismo, sostiene desde hace décadas por su libertad y sus derechos en las más duras condiciones, constituye un motivo de esperanza para las sociedades de su entorno, dando de ello fe, entre otras cosas, la relevancia histórica del papel de la mujer en comparación con muchas de esas mismas sociedades.

Es por ello que exhortamos al Gobierno de España y al conjunto de la sociedad a respaldar los principios contenidos en este Manifiesto.

Madrid, 21 de abril de 2014

*Jaime de Piniés Bianchi (Economista)
*Javier Morillas (Catedrático de Estructura Económica. Universidad CEU-San Pablo)
*Miguel Iñiguez del Moral (Teniente General, Exjefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra)
*Carmen Garrigues (Expresidenta Asociación de Amigos del Sáhara de Madrid)
*Ana María Rodríguez de Viguri (Empresaria)
*Eduardo Fungairiño Bringas (Fiscal del Tribunal Supremo)


Fuente: SáharaLibre.es

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