Valencia, 18 ene (EFE).- El fiscal ha solicitado hoy la libre absolución de una activista pro-saharaui acusada de desobediencia por negarse a retirar una jaima que estaba instalando frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, donde desde finales de noviembre permanece acampada junto a unos compañeros para denunciar la situación en Sahara Occidental.

En el juicio celebrado hoy en el Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia, al que han acudido varias decenas de saharauis y simpatizantes para apoyar a la procesada, el representante del Ministerio Público ha considerado que los hechos de los que se acusa a Sonia Belda "no revisten infracción penal alguna".

Así, aunque ha reconocido que la demandada y el resto del grupo de activistas acampados sí pueden estar infringiendo la ordenanza municipal de parques y jardines ocupando la zona ajardinada, ha concluido que la acción del colectivo es "digna de admirar" y no constituye "delito o falta alguna".

Según ha explicado al juez la acusada, el 25 de noviembre el grupo de activistas al que pertenece decidió acampar en una zona ajardinada de la plaza del Temple para "trasladar al Gobierno central" sus reivindicaciones, como "que el Estado español asuma su responsabilidad en el conflicto, ya que sigue siendo la potencia administradora del Sahara Occidental".

Sonia Belda ha indicado que por las noches montaban tiendas de campaña tipo iglú para dormir "porque hacía frío" y que por las mañanas las desmontaban, tal y como habían quedado con la Policía Local, según ha asegurado.

"Dos días más tarde y después de haber comunicado nuestra acción al Ayuntamiento de Valencia, decidimos montar una jaima para que nuestra protesta se hiciera más visible. Entonces los policías nos preguntaron si teníamos permiso para ello. Nos dijeron que no podíamos ocupar la vía y nos multaron y acusaron de desobediencia por no retirar la jaima", ha declarado.

Según ha defendido, los hechos que denuncia su grupo son "muy graves" y legitiman la protesta, que es "totalmente pacífica".

La defensa de la procesada ha añadido que en este caso "prevalece sobre la ordenanza municipal el derecho de reunirse y manifestarse de los ciudadanos" y ha negado que se haya dado un caso de desobediencia, que comportaría "una multa de entre 10 y 60 días de cuota diaria por cuantificar".

Los dos policías locales que han testificado coinciden en que recibieron la orden de pedir "que desmontaran las tiendas" y que denunciaron a la procesada "al negarse a retirar la jaima", que todavía sigue en pie en el lugar.

Han reconocido, no obstante, que la protesta de los activistas es "pacífica" y que el trato con el grupo ha sido "siempre cordial", incluso el día de esa denuncia.

Esta mañana ha acudido a las puertas de la Ciudad de la Justicia un grupo de activistas saharauis y simpatizantes para apoyar a su compañera y pedir "el cese inmediato de la venta ilegal de armamento al gobierno dictatorial de Marruecos", y "el reconocimiento por parte del Estado español de la República Árabe Saharaui Democrática".

Con banderas y camisetas, el colectivo, que ha reivindicado su "desvinculación de cualquier partido político", ha gritado consignas y ha exhibido pancartas con los lemas "Marruecos tortura, España disimula" "El Sahara no se vende" y "¿Dónde están los derechos humanos?". EFE mac/cbr