La decisión sentaría un controvertido precedente, ya que hasta la fecha el propio pueblo saharaui y sus representantes siempre han sostenido que pertenecen a España. De hecho, en 1957 el Sáhara pasó a ser provincia del protectorado español, lo que provocó los ataques del Frente de Liberación del Sáhara. Así, tras haber ingresado en la ONU en 1955, nuestro país debía haber iniciado un proceso descolonizador que nunca se produjo. En 1958 se inició la guerra de Ifni entre España y Marruecos, que duró hasta 1959. Los acuerdos de Angra de Cintra fijaron los límites del Sáhara Español y establecieron la cesión a Marruecos de los territorios septentrionales de la zona del Río de Oro. El Comité de Descolonización de la ONU estudió en 1966 la autodeterminación del Sáhara, y un año después España accedió a organizar un referéndum para determinar la autonomía saharaui. Sin embargo, ni el previsto para 1975, ni el acordado en 1992, ni otro promovido por la ONU en 2000 llegaron a celebrarse, pese a que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó en 1975 las pretensiones de Mauritania y Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Tras la Marcha Verde, España cedió el Sáhara a Marruecos y Mauritania en 1976 y retiró sus últimos soldados de la zona.

Con ello, según representantes del Frente Polisario consultados por este periódico, "España se plegó a los deseos de Marruecos, desoyendo los dictados de la comunidad internacional". Ahora, una posible decisión afirmativa sobre la situación de los saharauis que han pedido ser declarados apátridas, serviría -según el magistrado-, para "resolver el estado de indefinición jurídica" en la que se hallan muchos ciudadanos.

Su situación es consecuencia de la política internacional, pues aunque la República Árabe Democrática Saharaui (RASD) está reconocida por más de 80 países, entre ellos no figura España, con lo que no los puede declarar de esta nacionalidad. Los saharauis que pidieron ser españoles antes de 1976 obtuvieron la nacionalidad, pero ahora no se cumplen las condiciones para que les sea concedida, mientras entienden que su nacionalidad no es la marroquí y se podría plantear que fueran argelinos, por residir en los campos de Tinduf desde hace 30 años.

Sin embargo, los saharauis que viajan a España con un visado argelino de tres meses, para el que suelen aducir razones de salud, acuden al Consulado argelino y les reiteran que no son de su nacionalidad. Por esto, el magistrado del Supremo considera que ante esta situación, en la que no se es español, ni marroquí ni argelino, "se puede optar por ser apátrida". Varios de estos casos, tras ser rechazados por la Audiencia Nacional, han llegado al Supremo, que resolverá "en breve", concretó Fernández Valverde.

Reforma legislativa.

Las sentencias denegatorias piden acreditar que se podría optar por la nacionalidad argelina: "ahora se verá en el Supremo", apostilló Fernández Valverde, quien agregó que tras la reforma legislativa de 1993, el TS resuelve los últimos casos que le quedan anteriores a 2003, lo que se está aprovechando para marcar pautas, por ejemplo, en el campo de las solicitudes de asilo político. De este modo, el Supremo ha optado "por una apertura clarísima en materia de admisión", pues hasta ahora la práctica habitual había sido no admitir las solicitudes. Las nuevas sentencias del máximo órgano judicial, de acuerdo con la nueva jurisprudencia de extranjería existente, ordenan que se tramite el expediente y se comprueben los datos y alegaciones del solicitante y "a continuación, se resuelva". Estos pronunciamientos afectan sobre todo a cubanos y colombianos, pues los asuntos africanos casi se han agotado, concluyó Rafael Fernández.

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Fuente: www.diariodeavisos.com