El proceso de descolonización del Sahara Occidental —más de 30 años después— continúa pendiente de solución, sin que las permanentes resoluciones de Naciones Unidas reafirmando el ejercicio del principio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui —marco irrenunciable para una salida justa y democrática— acabe aceptándose, entre otros, por Marruecos. Ese estancamiento provoca un conflicto político así como un grave problema humanitario debido a la situación de los saharauis en los campamentos de refugiados al sur de Argelia dependientes de la cooperación y ayuda internacional para su supervivencia. A España, a sus instituciones, a su sociedad, le corresponde—como antigua potencia colonial ocupante—, jugar un activo papel en su resolución sobre la base de las normas y principios de la comunidad internacional.