Con dos iniciativas anunciadas recientemente, Marruecos está tratando de marcar puntos en materia de derechos humanos para evitar que esta delicada cuestión se cuele el próximo mes en los nuevos debates de la ONU sobre el Sáhara Occidental.

En abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatirá la prolongación del mandato de la MINURSO, la misión que desde 1991 vigila el alto el fuego en esta excolonia española controlada por Rabat y reivindicada por los independentistas del Frente Polisario, apoyados por Argelia.

En los debates del año pasado, Marruecos tuvo que bregar duro con un proyecto de resolución norteamericano, que quería ampliar el mandato de la MINURSO a la vigilancia del respeto de los derechos humanos.

Después de muchas presiones, Rabat consiguió que Washington retirara su proyecto, con lo que el texto de la ONU se limitó a pedir "una mejora de la situación".

Muy alerta, el rey Mohamed VI advirtió poco después de que "las maniobras de los enemigos de nuestra integridad territorial no se van a detener" y pidió "arrinconar a esos adversarios".

Desde entonces, Marruecos parece haber optado por pasar a la ofensiva, con dos iniciativas con las que quiere mostrar su buena voluntad en materia de derechos humanos y que han sido apoyadas por España y Francia.

El 13 de marzo, el gobierno dijo que quiere responder mejor a las denuncias de ciudadanos por presuntas violaciones de los derechos humanos, en particular en el Sáhara Occidental.

Concretamente, el gobierno dijo que nombrará en cada ministerio a funcionarios encargados de tratar las denuncias presentadas por ciudadanos ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, oficial).

Esas denuncias y, "en particular", las procedentes de las delegaciones del CNDH en El Aaiún y Dajla, dos ciudades del Sáhara, recibirán "una respuesta oficial en un plazo de tres meses, que será publicada", puntualizó el gobierno.

Al día siguiente, y pocas horas después del regreso del rey de una gira diplomática por África, Marruecos anunció la aprobación en consejo de ministros de un proyecto de ley que pone fin a la posibilidad de que los civiles sean juzgados por un tribunal militar.

La decisión era muy esperada, tras las críticas formuladas hace un año por las ONG internacionales contra el proceso de 25 saharauis, acusados del asesinato de miembros de las fuerzas del orden durante el desmantelamiento del campo de refugiados de Gdim Izik a finales de 2010.

El director de Amnistía Internacional en Marruecos, Mohamed Sektaui, consideró que es un "paso importante", en unas declaraciones a la agencia oficial MAP.

Interrogado por la AFP, el historiador y especialista del Magreb Pierre Vermeren estableció un vínculo entre estas dos iniciativas y el próximo debate en la ONU. "El vínculo con la votación en la ONU es una evidencia. Es de esperar que la parte adversa de Marruecos se movilice para llamar de nuevo la atención sobre la cuestión de los derechos humanos. Ahora, esto da un poco de crédito a la posición marroquí", explica.

"El objetivo de todo esto es evitar que la ONU vuelva a hablar de la ampliación del mandato de la MINURSO", coincide Hamud Iguilid, responsable en El Aaiún de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, independiente.

Iguilid critica una "diplomacia de fachada" hacia Occidente y pide que "se vuelva a juzgar por lo civil a los prisioneros de Gdim Izik".