Al hilo del apoyo español a Marruecos en la cuestión del Sahara, se ha comentado en los medios sobre una supuesta y novedosa iniciativa marroquí en torno a la ex colonia española.

Una iniciativa que estaría basada en la pirueta jurídica consistente en desglosar la cuestión de la soberanía en dos partes o componentes: la soberanía en sí misma, que se reservaría Marruecos en todo caso, y las expresiones formales de ella —bandera y el himno nacional— que corresponderían a los saharauis como estandarte de su autonomía política. Sería también de éstos la propiedad de los recursos naturales —fosfatos, pesquerías y posiblemente petróleo— existentes en el territorio.

Supondría tal fórmula una solución “otorgada” por Marruecos y no el resultado del ejercicio del derecho de autodeterminación del que es titular el pueblo saharaui. Es así conforme la doctrina descolonizadora de la ONU y los Acuerdos de Madrid, en cuya virtud, después de la Marcha Verde organizada por el rey Hassan II —mientras el régimen de Franco agonizaba con su creador—, España transfería a Marruecos el Sahara Occidental.

Pero lo cedido por España a Marruecos fue sólo la administración del territorio, que no la soberanía…, puesto que el titular de ésta, conforme la referida doctrina onusiana, es el pueblo saharaui. Y es algo parecido, aunque en sentido opuesto, el distingo que la diplomacia jerifiana habría preparado como base de su nueva estrategia: separar de la soberanía sobre el territorio, que Rabat se reserva para sí, la administración y el disfrute de los recursos del Sahara que fue español, cuya propiedad entregaría a los saharauis.

Con tal finta jurídica, Rabat pretendería salvar el escollo de la autodeterminación de los saharauis, cuya identidad ha pretendido difuminar desvirtuando la referencia al censo de población elaborado en su tiempo por España. Esta población se ha modificado posteriormente por parte de Marruecos a lo largo de los 30 años transcurridos desde que ocupara la ex colonia española.

La consolidación del actual estatus se consiguió al precio de una guerra con el Frente Polisario; guerra que, en notable medida, lo fue también con Argelia. Ésta soportaba el esfuerzo militar y el coste de sostener en su propio territorio a los saharauis que combatían contra la ocupación jerifiana de su espacio nacional… Y sería Argelia, precisamente, otra parte que se habría de oponer a la fórmula marroquí del desdoblamiento y separación de la propiedad de los recursos naturales respecto de la soberanía sobre el territorio.

Son obvias las razones para oponerse de la Argelia que puso las peras a cuarto al presidente Rodríguez en su reciente visita a Argel, por la obsecuencia de éste con Rabat a costa de los saharauis. La soberanía marroquí del Sahara, instrumentada de tal manera, sería un golpe mortal para las aspiraciones argelinas de contar con una salida al Atlántico, para, entre otras importantes cosas, poner en rentabilidad el hierro de Tinduf.

Convendría a España una política más equilibrada para sus relaciones con Marruecos y Argelia. De otro punto, querer suplir a Francia en Rabat, como en la Cumbre de Rabat se ha dicho, es una solemne bobada.