El director de una publicación marroquí, Youssef Jajili, se enfrenta a la cárcel por cargos de difundir información falsa tras publicar un artículo en el que se afirma que un alto cargo del gobierno gastó dinero público en una cena de lujo; así lo afirmó Amnistía Internacional.

Si es declarado culpable, Youssef Jajili podría ser condenado a un año de prisión por la publicación del artículo en la revista Al Aan en junio de 2012; según lo publicado, el ministro de Industria, Comercio y Tecnología gastó 10.000 dirhams marroquíes (unos 1.180 dólares estadounidenses) de dinero público en una cena privada durante un viaje oficial a Burkina Faso.

“Los cargos contra Jajili deben ser desestimados de inmediato por el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca, en Ain Sebaa. Si lo encarcelan por estos cargos, Youssef Jajili será considerado preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión”, afirmó Amnistía Internacional.

“Es un crudo recordatorio de que, a pesar de las reformas prometidas y del compromiso declarado de respetar y defender la libertad de expresión, las autoridades marroquíes siguen reprimiendo las críticas”, lamentó AI.

Según Amnistía Internacional, Jajili, que está acusado en aplicación del artículo 42 del Código de Prensa por difundir “información falsa”, asegura que publicó esa información tras un exhaustivo trabajo de investigación y que hizo varios intentos de entrevistar al ministro.

“El periodismo de investigación sobre cómo se gasta el dinero público es una actividad legítima y las autoridades no deben refugiarse en las desmesuradas disposiciones del Código de Prensa para evitar el escrutinio”.

El actual Código de Prensa penaliza la expresión pacífica si se considera que socava la las tres líneas rojas, la monarquía, el Sáhara Occidental o el Islam.

Su quebrantamiento se castiga con pena de cárcel, lo que supone una contravención directa de las obligaciones jurídicas de Marruecos y de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de los medios de comunicación.

Los cargos a los que se enfrenta Youssef Jajili forman parte de un cuadro general de hostigamiento e intimidación de periodistas.

Omar Brouksy, reportero de la agencia de noticias AFP, fue golpeado por agentes de policía en agosto de 2012 por informar sobre una manifestación organizada por la oposición contra una ceremonia tradicional de demostración de lealtad al rey.

En octubre de 2012, tras publicar un artículo en el que informaba de que “candidatos cercanos al palacio real” se disputaban escaños parlamentarios en las elecciones legislativas en Tánger, sufrió la retirada de su acreditación por el Ministerio de Comunicación.

Hasta la fecha no se ha investigado la agresión contra Brouksy, quien, sin su acreditación, no puede ejercer de periodista en su propio país.

“Más de 18 meses después de adoptar una Constitución que garantiza la libertad de expresión y de los medios de comunicación, las autoridades marroquíes deben hacer más para que los periodistas puedan trabajar con libertad. Es preciso que reformen con carácter urgente el Código de Prensa para que esté en consonancia con el derecho internacional”, aseguró AI. (SPS)