Nos encontramos ante un segundo abandono, una segunda traición. Esta es la sensación que se vive en el entorno de las asociaciones de solidaridad con el Sáhara desde que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió repatriar a los cooperantes destacados en los campamentos del Frente Polisario en Tinduf. Así se han expresado algunos de los integrantes de la delegación que ha vuelto al Sáhara para contrarrestar la demoledora imagen que la medida de Exteriores ha dado sobre la seguridad en los campamentos de refugiados.

José Manuel Bonachea y sus 20 años de compromiso con la causa saharaui lo tiene claro: impedir la presencia de los cooperantes sería “una segunda traición, un segundo abandono” del Sáhara. Declaraciones semejantes han realizado otros destacados activistas, como Francisco Palacios, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, o Carlos Cristóbal, ex parlamentario navarro del PSN-PSOE, que precisamente abandonó el partido socialista debido a su política contra el pueblo saharaui. Los tres han dedicado buena parte de su vida al pueblo saharaui y desde el martes se encuentran de nuevo en Tinduf, donde, junto a otra treintena de cooperantes, han tenido un recibimiento multitudinario.

Con la retirada de los cooperantes no se trata solo de privar al pueblo saharaui de su principal vínculo con la solidaridad internacional a través de las numerosas y activas asociaciones de amistad españolas. A esta medida, que aumentaría de forma considerable el aislamiento del Sáhara, hay que añadir la radical disminución de las ayudas económicas del Estado, que, de acuerdo con algunos cálculos, sería de hasta un 75 por ciento menos en el último ejercicio de la cooperación oficial. Ambas medidas suponen la aceleración por parte del Ejecutivo del Partido Popular del proceso de abandono que ya inició Felipe González y continuaron Aznar y Zapatero.

En noviembre de 1975, cuando se estableció el primer abandono, en plena agonía de Franco y, por lo tanto, con el actual rey Juan Carlos como jefe del Estado interino, también se adujeron razones inevitables, como la amenaza de una guerra con Marruecos o la propia crisis del régimen franquista.

Entonces, para la inmensa mayoría de la población española y, significativamente, para muchos mandos militares, solo se trataba de excusas para hacer dejación de los compromisos adquiridos con el pueblo saharaui. Ahora ocurre lo mismo con la crisis económica y la amenaza que supone la caída del Azawad, la región del norte de Mali, en manos de los principales grupos yihadistas que actúan en el Sahel.

Nadie niega este peligro, comenzando por el propio Polisario y las asociaciones que lo apoyan. Se sabe que, desde el secuestro de los tres cooperantes en Tinduf por el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en el África Occidental (MUJAO), el Frente saharaui ha aumentado las medidas de seguridad y ha creado patrullas especiales dedicadas a evitar la infiltración de estos grupos en la porosa zona donde confluyen las fronteras de Argelia, Mali y Mauritania.

También resulta incuestionable que, al convertirse el norte de Mali en santuario para el MUJAO y el AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico), su capacidad de acción ha aumentado considerablemente y que la operación militar en marcha, con respaldo de Francia y Argelia, para desalojarlos del Azawad complicará aún más la situación.

Pero, como señalan las asociaciones de apoyo al Sáhara contra la decisión del ministro García-Margallo, “la inestabilidad política y social en los países del Sahel, y en particular en el norte de Mali, donde se concentran varias organizaciones islamistas y bandas internacionales de delincuencia, no se combate con medidas militares sino con una política clara y eficaz de ayuda al desarrollo de las poblaciones autóctonas que el mismo Ministerio de Exteriores ha eliminado con la excusa de la crisis económica”. Además de recordarle la obligación que tiene España, según los acuerdos internacionales, de garantizar “unas condiciones de vida dignas y seguras al conjunto de la población saharaui”, estas organizaciones concluyen que con estas medidas solo se persigue “aislar a los campamentos saharauis”, facilitando así “la política de anexión y genocidio marroquí”.

No se trata por lo tanto de salir corriendo y después hundir el Sahel en un infierno bélico, como en Irak, sino de reforzar los vínculos y aumentar la ayuda, en todos los órdenes, con aquellas organizaciones que, como el Polisario, también están tan interesadas en impedir que el Sahel sea el nuevo paraíso de los grupos yihadistas armados.

El Frente saharaui es solo una de las organizaciones “antiyihadistas” que existen en esa amplia franja que va desde la costa atlántica hasta el mar Rojo formando la frontera natural con el África Negra. No es ninguna casualidad que el Polisario tenga unas buenas relaciones con los tuaregs del MNLA (Movimiento Nacional de Liberación del Azawad), enfrentados al AQMI y al MUJAO, ni que los tuaregs colaboren con los diversos movimientos bereberes del Magreb y con los tebúes de Libia y Chad, y estos con los autonomistas de Derfur, quienes, a su vez, han coordinado su lucha con los independentistas del sur de Sudán.

En líneas generales, todos ellos se oponen a que el Sahel se convierta en una nueva plataforma internacional para el terrorismo yihadista. Paradójicamente, todos ellos también tienen el común denominador de haber sido abandonados por las potencias occidentales que, como España, prefieren establecer sus estrategias en base a los intereses de los Estados y no de los pueblos que los componen.