El delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyun, cree que la Unión Europea (UE) terminará cediendo "al chantaje" de Marruecos y aprobará finalmente el acuerdo agrícola bilateral pese a ser "ilegal" por incluir a los territorios del Sahara occidental.

El acuerdo entre la UE y Marruecos, que ya recibió el visto bueno de los Estados miembros, está aún pendiente de la aprobación del Parlamento, que lo votará en el Pleno del 15 de febrero.

Beyun ha detallado que un dictamen de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2002 deja claro que no pueden firmarse acuerdos comerciales que supongan la explotación de recursos económicos de un territorio no autónomo, como el Sahara, por sus administradores y más aún si no es consultada su población y ésta participa de sus beneficios, algo que actualmente no ocurre.

Rubricar el tratado agrícola o pesquero incluyendo a esta zona geográfica que Marruecos considera propia es "ilegal", en su opinión.

En este sentido, ha recordado que el Parlamento Europeo tiene la misma opinión, lo que estuvo detrás de su decisión de suspender el actual tratado pesquero -al no poder garantizarse los beneficios para la población del territorio-.

"Marruecos no es el país administrador del Sahara Occidental desde el punto de vista del derecho internacional sino una potencia ocupante", ha resaltado Beyun, quien matiza que el administrador legal sigue siendo España, mientras no se produzca el proceso de descolonización.

Además, la población del territorio saharaui no ha sido consultada nunca sobre si desea o no esa acción comercial ni tampoco hay beneficios reales para su población, ha recalcado.

Ha recordado que el último acuerdo de libre comercio de EEUU y Marruecos, por ejemplo, "dejó claro" que no se incluía al Sahara occidental "al estar pendiente aún su descolonización", por lo que "no entiende" que la Comisión Europea "trabaje a todo gas" para "imponer" el acuerdo agrícola "sabiendo que están violando el derecho internacional.

En su opinión, Europa terminará aceptando los acuerdos agrícolas o pesqueros incluyendo territorios y aguas del Sahara en respuesta a "la presión" y "chantaje" de Marruecos que de otra forma no estará dispuesto a rubricarlo.

Por otra parte, ha mostrado sintonía con el informe elaborado por el eurodiputado francés José Bové (Los Verdes), encargado de redactar el informe que votará el Parlamento Europeo (PE) respecto a ese acuerdo, en el que se detallan diversas razones económicas, sociales, laborales y ambientales que recomendarían el veto y la renegociación del tratado.

En este sentido, el representante del Frente Polisario ha detallado que se han construido alrededor de mil hectáreas de invernaderos de hortalizas como el tomate y flores a las afueras de Dakhla (Sahara Occidental) en los últimos años, cuya propiedad atribuye a la Casa Real marroquí, y que consumen "un recurso muy escaso en el desierto" como es el agua.

Ha asegurado que estas explotaciones no sólo dan "grandes beneficios" a la Casa Real, sino que se utilizan también como arma política, al utilizarse en ellas trabajadores procedentes de Marruecos para "repoblar" el Sahara Occidental.

Esta producción llega a los mercados exteriores como si fuese de procedencia marroquí y así figura en su etiquetado, por lo que los consumidores desconocen que está producida en el Sahara Occidental.

Fruto de esta estrategia, "actualmente ya hay entre cuatro y cinco marroquíes por cada saharaui", ha resaltado.

Por otra parte, ha asegurado comprender el temor de los agricultores españoles ante la imposibilidad de competir con el precio de los productos hortofrutícolas de Marruecos, cuya exportación facilitará el nuevo acuerdo de asociación.

Ha comentado que Marruecos cuenta con una mano de obra muy barata, que no existe seguridad social en la mayoría de los casos y que la población marroquí "trabaja en lo que sea" por necesidad, incluso niños -añade- en actividades como la agricultura o el textil.

El acuerdo de asociación entre UE y Marruecos entró en vigor en 2000 mientras que, en diciembre de 2010, el Consejo de la UE firmó el documento que permitiría, una vez ratificado por el Parlamento Europeo, entrar en una segunda fase de la liberalización del comercio entre ambas en la agricultura y la pesca.

El Parlamento Europeo, ahora con poder de codecisión, tendrá la última palabra.