Londres, 23/12/2010 (SPS).-Amnistía Internacional (AI), ha confirmado en un informe publicado este lunes, la detención de unos 200 saharauis por las fuerzas de seguridad marroquíes durante y después del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, y la represión ejercida en la ciudad de El Aaiún, capital ocupada del Sáhara Occidental.

Los saharauis que protestaban contra la violación de sus derechos, la violencia y la represión, llevada a cabo contra ellos por más de 35 años ", fueron detenidos, golpeados y sometidos a tortura u otros malos tratos", indica el nuevo informe de Amnistía Internacional.

"Ni han sido ajuiciados ni detenidos los colonos marroquíes que atacaron a los saharauis, que han saqueado sus casas, robaron, destruyeron y quemaron sus bienes", lamenta AI.

"Las circunstancias exactas aún no están establecidas, pero los investigadores de Amnistía Internacional que visitaron el lugar a finales de noviembre, han entrevistado a numerosos testigos que les han confirmado que los miembros de las fuerzas de seguridad no dudaron en atacar a las mujeres mayores con porras para obligarlos a salir de sus casas para robarles sus bienes. Algunos aún llevan lesiones visibles después de dos semanas", agrega la fuente.

"Todos los saharauis entrevistadas por Amnistía Internacional describieron la forma en que fueron golpeados, torturados o mal tratados durante su arresto o detención por las autoridades marroquíes, la mayoría de ellos tenía cicatrices visibles y lesiones en apoyo de su testimonio ", señala.

A pesar de ello, las autoridades marroquíes no han tomado ninguna medida para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos tal como se prevé en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Marruecos es Estado Parte.

El informe de Amnistía Internacional también destaca la falta de información a las familias de los detenidos por las autoridades, a veces durante dos semanas, en violación de la legislación marroquí. Esta ausencia se acompaña de las restricciones impuestas por las autoridades marroquíes el acceso a la información, especialmente para los periodistas que deseen cubrir los eventos y cuyo acceso ha sido denegado en el El Aaiún, que ha "generado una ansiedad innecesaria a las familias que temían que sus hijos habían sido asesinados".

Más de 130 saharauis se enfrentan actualmente a una acción legal después de los acontecimientos del lunes 8 de noviembre. Diecinueve de ellos se presentarán ante un tribunal militar, a pesar de que son civiles, algunos ya son conocidos activistas políticos saharauis que defienden la autodeterminación del Sáhara Occidental. "Su detención ha provocado renovados temores de que las autoridades tratan de involucrarlos en los acontecimientos del 8 de noviembre, por protestar de forma pacífica por sus opiniones políticas".

Algunos de los acusados comparecieron ante un juez sin asistencia legal y muchos de ellos han mostrado signos visibles de tortura y otros malos tratos, y se quejaron de los abusos. Ninguno ha sido visto por un médico ni han empezado una investigación por sus denuncias, según el informe de Amnistía Internacional.

Los detenidos, aseguraron que después del interrogatorio, "tenían que firmar bajo tortura, con sus huellas dactilares en la parte inferior de una declaración que no estaban autorizados a leerla, dichas declaraciones serán utilizadas como evidencia en su contra en el juicio, en violación del derecho internacional", Amnistía Internacional expresa su preocupación en su informe. (SPS).