La más alta instancia ejecutiva saharaui recordó al Gobierno español "sus responsabilidades políticas, históricas, morales y jurídicas respecto a su antigua colonia del Sáhara Occidental y la tragedia que vive el pueblo saharaui desde hace más de 30 años".

En este sentido, pidió al Gobierno de Zapatero que "emprenda una política clara apoyando el ejercicio por el pueblo saharaui de sus legítimos derechos".

Asimismo, pidió al Gobierno francés que "deje de obstaculizar las resoluciones del Consejo de Seguridad en el Sáhara Occidental y de animar al Gobierno marroquí a que se rebele contra el derecho internacional".

Además, la dirección política saharaui reafirmó su "rechazo total de cualquier otra solución que no respete la base de solución del conflicto: la culminación de la descolonización del Sáhara Occidental a través del respeto de la voluntad del pueblo saharaui y su derecho inalienable a la autodeterminación y a la independencia por medio de un referéndum libre, regular y transparente".

"El pueblo saharaui está decidido a continuar su lucha por la libertad y la dignidad y renueva su rechazo a todo intento de consagrar el hecho consumado colonial en el Sáhara Occidental", insiste el Secretariado Nacional, señalando que "promover una solución fuera de la legalidad internacional y la continuidad de la política de intransigencia y de salvaje represión en los territorios ocupados" (...) "tendrán como consecuencia la radicalización de la tensión y de la escalada".

A este respecto, el Secretariado Nacional ha pedido a la ONU que "presione a Marruecos para que ponga en práctica el Plan de Paz para la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental", el llamado Plan Baker. Asimismo, se pide la intervención de la ONU para "deshacer el bloqueo militar y en los medios de comunicación impuesto sobre el Sáhara Occidental, territorio no autónomo que está bajo su competencia" y que "garantice la protección de los civiles saharauis" que están expuestos a la venganza del ocupante.