Por José Díaz “Sato”

Mucho se ha dicho y escrito en los últimos días sobre lo ocurrido en el Sáhara Occidental. Mucho y difuso, pues no es contrastable la información de lo que allí sucede, ni el número de muertos, heridos y desaparecidos, ni las acciones que están llevando a cabo el Ejército y la Gendarmería de Marruecos, ni los actos que desarrollan los colonos marroquíes alentados por su Gobierno.

Sin embargo, el hecho contrastable de que periodistas internacionales no puedan acceder a El Aaiún no hace más que presagiar que la magnitud de lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental es mucho mayor de lo que las fuentes oficiales y oficiosas marroquíes se dignan a informar. ¿Por qué se iba a negar la posibilidad de que los medios de comunicación entraran a desarrollar una actitud transparente sino es para evitar la transparencia?

Por ello, quizás haya que dar relevancia a algunos testimonios que llegan desde allí de los propios saharauis o de los escasos observadores internacionales españoles que todavía perduran. Son informaciones de variada índole, que de momento no se pueden contrastar y que organizaciones por los derechos humanos intentan traer a España a través de sus contactos. “Poco después de que se desalojase el campamento se encontraron 28 cadáveres de saharauis” o “25 muertos en uno de los pozos del campamento y muchísimos cuerpos quemados”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en internet procedentes de los Territorios Ocupados por Marruecos.

Sin poder contrastar, como decíamos estas informaciones, es obvio que lo que acontece precisa, al menos, de una urgente intervención sobre el terreno de las Naciones Unidas para evitar lo peor, si no ha ocurrido todavía. La Unión Europea, que aceptó a Marruecos como socio preferencial meses atrás, es, sin duda, otro de los organismos internacionales que deben condenar la barbarie allá donde suceda. Pero, sin duda, una gran responsabilidad la tiene otro actor internacional: España.

Y es que la legalidad internacional, en el marco de las Naciones Unidas y mediante resoluciones con carácter jurídico emanadas de esta institución, reconoce a España como potencia administradora del Sáhara Occidental. Es decir, Marruecos sólo es la potencia ocupante y el ejercicio que desarrolla al sur de su frontera sólo lo puede desarrollar por la fuerza, vulnerando todo aspecto democrático y legal. Pero España, como antigua potencia colonial del Sáhara, y puesto que la descolonización sólo finalizaría con el referéndum de autodeterminación de los saharauis, según la legalidad internacional, es la potencia administradora hasta que se celebre el plebiscito. Esto le confiere la responsabilidad de velar por lo que allí suceda hasta la resolución del conflicto y el final de la descolonización.

Es por ello, por esta responsabilidad legal y objetiva, además de las responsabilidades histórica, moral y ética que un Gobierno que presume de defender los derechos humanos debe asumir en todo momento, que la Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez, debe condenar lo sucedido y ponerse al frente de esta situación. Aunque ello lleve a revisar las relaciones bilaterales con Marruecos. A considerar los acuerdos de ventas de armas a nuestro vecino sureño y de recursos naturales del Sáhara Occidental, de los cuales muchas empresas españolas se ven beneficiadas. De esta forma, quizás estas relaciones bilaterales se marquen por un carácter más igualitario, en las cuales la democracia europea no responda siempre afirmativamente a las amenazas de una monarquía dictatorial de marcado parentesco con monarquías de hace siglos y que no sabe a qué se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, como siempre, pero más que nunca, los saharauis son una responsabilidad nacional.

José Díaz Satorre “Sato” (Periodista), 10 de noviembre 2010