Por José Díaz “Sato”

“No es Marruecos el que hace que se respete la ley en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, sino la legalidad internacional. Por ello, no tiene potestad legal de golpear a ciudadanos españoles, ni saharauis, ni de disolver manifestaciones.”

El conflicto del Sáhara Occidental, que parecía olvidado desde el año 1.991, cuando bajo el auspicio de la ONU se firmara el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, parece haber retornado con fuerza a la agenda política en los últimos meses. Si en diciembre del pasado año la activista saharaui pro derechos humanos, Aminetu Haidar, copó las portadas de los periódicos nacionales, los telediarios y los boletines informativos radiofónicos por la huelga de hambre que mantuvo con motivo de su expulsión del Sáhara Occidental a España, parece que ocho meses después el problema en el Sáhara ha vuelto a aparecer.

El pasado sábado, cuando catorce activistas a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental denunciaban haber sido agredidos por la policía marroquí al participar en una manifestación pacífica en El Aaiún, las relaciones entre España y Marruecos parecieron tambalearse de nuevo, cuando todavía no había cicatrizado la disputa en la frontera de Melilla, entre policías españoles y ciudadanos marroquíes.

Al regreso de los mismos a España, mostrando síntomas creíbles de haber sido agredidos, los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de nuestro país han hecho oídos sordos a las reclamaciones de los españoles y han dado credibilidad a la versión del Gobierno de Marruecos. Además, han dicho que no se pueden defender los intereses de nacionales que incumplen la legalidad en otro país.

He aquí el problema. Estamos equivocados. Y nosotros, periodistas, no podemos hacer otra cosa que informar de forma veraz de lo que ocurra en el mundo, aportar datos explicativos a la realidad, contextualizar los hechos, contrastar la información y denunciar aquellos abusos que en forma de mentiras atentan contra la inteligencia y la libertad del ser humano. Según la legalidad internacional, no es Marruecos la potencia administradora del Sáhara Occidental, sólo es la potencia ocupante. Es más, según muchos textos, extraídos de resoluciones de Naciones Unidas, con validez jurídica, se puede entender que la potencia administradora es España, antigua metrópoli, hasta que se celebre el referéndum.

Por ello, no es Marruecos el que hace que se respete la ley en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental, sino la legalidad internacional. Por ello, no tiene potestad legal de golpear a ciudadanos españoles, ni saharauis, ni de disolver manifestaciones. Es la potencia ocupante; por lo que si lo hace, es violando la legalidad internacional, es decir, por la fuerza. Por ello, no son válidos los argumentos del Gobierno español, quien como potencia administradora, según muchas interpretaciones de documentos de las Naciones Unidas, sí que tiene responsabilidad jurídica.

Y no es sólo la legalidad internacional. Es también la moral, la ética. Si seguimos haciendo oídos sordos a las violaciones a las que se ven sometidos los saharauis en los Territorios Ocupados, si continuamos mirando para otro lado. Si no llevamos una política acorde con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, entonces, perderemos una gran oportunidad: la de haber hecho que la Justicia venza; la de haber denunciado abusos del hombre contra el hombre y acabar con ellos. Y seremos aquella generación de humanos que no logró este objetivo, entre otros muchos más. Y seremos menos justos. Y seremos menos libres. Y seremos menos humanos.

José Díaz Satorre “Sato” (Periodista), septiembre 2010