Nueva York, 14/04/2010 (SPS).- Human Rights Watch y el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (RFK Center) han dirigido una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, en la que le instan a que apoye en el Consejo de Seguridad de la ONU la creación de un mecanismo para "que la MINURSO observe e informe sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis".

El Consejo Seguridad se tiene que reunir este mes para discutir la prorroga del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) y la petición de las dos organizaciones es que extienda sus funciones al control de los derechos humanos en ambas zonas.

El pasado miércoles 6 de abril de 2010, Ban Ki-Moon se limitaba en su informe sobre el Sáhara Occidental a recomendar al Consejo de Seguridad que prorrogue el mandato de la MINURSO hasta el 30 de abril de 2011.

En su carta al secretario general de la ONU, recuerdan las dos organizaciones que la función de la MINURSO, cuando se creó en 1991, "era administrar la propuesta de acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario, lo que incluía supervisar el alto el fuego y la implementación de un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental. No obstante, ya han pasado casi dos décadas y no se ha celebrado el referéndum".

"Lo apropiado es que la autoridad para observar la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis cerca de Tinduf resida en MINURSO", consideran HRW y RFK Center; una solicitud que ha hecho ya el Frente Polisario, pero a la que se opone Marruecos.

HRW y RFK Center aseguran que durante estos años "el pueblo saharaui ha sufrido graves violaciones de sus derechos humanos individuales y colectivos; y Marruecos continúa sometiendo a los saharauis que defienden abiertamente la autodeterminación a varias formas de represión, que incluyen el encarcelamiento dictado en juicios injustos, palizas, restricciones del derecho a viajar y negación del derecho de asamblea pacífica, libertad de asociación y libertad de expresión".

Como caso paradigmático, señalan a la defensora saharaui de los derechos humanos, Aminatu Haidar, quien "desapareció por la fuerza entre 1987 a 1991". El 17 de junio de 2005, prosiguen, "la policía marroquí le golpeó en la cabeza cuando llegaba a una manifestación, y la arrestó cuando salía del hospital donde habían cosido su herida". Pasó siete meses en prisión en la Cárcel Negra en el Aaiún, capital del Sáhara Occidental.

El 14 de noviembre de 2009, Marruecos "confiscó su pasaporte y la deportó sumariamente hasta las Islas Canarias, por haber escrito que su lugar de residencia es el "Sahara Occidental" en el formulario de entrada al Aaiún". El reino alauí no aceptó su regreso hasta el 17 de diciembre de 2009, "tras 32 días de huelga de hambre en el Aeropuerto de Lanzarote y gracias a la presión internacional".

Recuerdan, además, que organizaciones como HRW o Amnistía Internacional han denunciado esta situación en diversas ocasiones y que en 2006 fue la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) quien realizó una misión para examinar la situación de los derechos humanos en la región, "aunque nunca publicó oficialmente el informe que había elaborado sobre sus observaciones".

Las dos organizaciones consideran que "los saharauis que residen tanto en los campamentos de refugiados como los que están en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, se beneficiarían del aumento de la protección que proporcionaría la observación e informe de los derechos humanos de la ONU". (SPS)