que en ningún momento respondieron a las agresiones de los comerciantes marroquíes y han denunciado el trato de favor con el que, a su parecer, actuaron las fuerzas de seguridad.

LA película de los hechos fue como sigue: un reducido grupo de malagueños, no más de veinte, pertenecientes a asociaciones solidarias con el pueblo saharaui se concentran el pasado 6 de diciembre, día de la Constitución, a las puertas del Palacio de Congresos. La Subdelegación de Gobierno había autorizado previamente la protesta. Reparten octavillas y gritan consignas a favor de la autodeterminación del Sáhara mientras en el interior del recinto se celebra Expo Hispa-Maroc (una feria sobre la artesanía y cultura de Marruecos). A la llegada de las autoridades locales despliegan una bandera y una pancarta: “Marruecos culpable, España responsable” y “¡Sáhara Libre ya!”

LOS guardias de seguridad dan permiso a los manifestantes a entrar al recinto. Es entonces cuando un grupo de comerciantes marroquíes invitados al evento se encaran con los manifestantes “con actitud agresiva, violenta, empujando e insultando a quienes nos encontrábamos allí”, según el comunicado conjunto ofrecido por la Asociación Malagueña de Amigos del Pueblo saharaui (AMAPS), la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA), la Plataforma de Inmigrantes de Málaga, Izquierda Unida, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Acción Alternativa y la Asociación Hispano Cubana.

“EN ningún momento respondimos a sus agresiones, y poco a poco fueron llevándonos en dirección a la salida dada su actitud agresiva e insidiosa. En esos momentos se personaron varios agentes de la policía nacional quienes, en vez de dispersar por igual a ambos grupos, la tomaron con quienes protestábamos por la violación de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, y ante los insultos del grupo de marroquíes que con desdén nos echaban fuera, los agentes de policía se unieron a ellos y nos iban sacando al exterior empujándonos. En ese mismo acto detuvieron a un joven: Rafael Doblas Arjona, que estaba haciendo lo mismo que los demás: gritar contra la tortura y la violencia”, afirma el comunicado.

RAFAEL o ‘Fali’, como se le conoce, fue puesto en libertad el mismo día horas después del suceso y está citado a declarar el próximo 20 de diciembre por estos hechos. Se le acusa de “resistencia y desobediencia a la autoridad”, según ha reconocido él mismo y se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de un año de cárcel.

NO es la primera vez que el joven se enfrenta a un juicio de estas características. Doblas es un reconocido activista que ha estado presente en manifestaciones y concentraciones en contra de diversos asuntos polémicos: la tala de árboles en Fuente Olletas y en el Paseo del Parque o la remodelación de los Baños del Carmen. “De sucederse esta condena, se acumularía con otra condena anterior de similares características, que harían muy difícilmente eludible el ingreso en prisión“, admite Salvador Espada, uno de sus compañeros. La condena anterior se refiere a hechos ocurridos en el centro comercial Larios por los que fue enjuiciado Doblas tras los incidentes de la huelga general del 20-J durante el gobierno de José María Aznar.

ANTE la posibilidad de que Rafael Doblas sea enviado a prisión las organizaciones que convocaron el acto arriba señaladas han llamado a una concentración de apoyo en el Palacio Miramar para el día del juicio: el miércoles 20 de diciembre a las 11,30 horas. El comunicado exige la libre absolución de Doblas, denuncia el trato de favor que recibieron los comerciantes marroquíes durante el altercado y se pregunta por el estado de la libertad de expresión en nuestro país.

EN este contexto los correos electrónicos sobre este asunto se multiplicaban ayer por Internet. Numerosos colectivos expresaban muestras de ánimo y solidaridad con el acusado. “Nos preocupa la concatenación del hecho de una detención arbitraria de un activista social con la cercana prohibición de la manifestación en Málaga capital de la ciudadanía de Coín (el Gobierno ha autorizado con algunos cambios la marcha). También queremos recordar el hecho de que once activistas sociales nos encontramos también procesados por una manifestación en el Valle de Abdalajís, donde fue arriada la bandera del túnel de un AVE. Nos preocupa la posibilidad de que se esté ejerciendo una represión a personas en base a su activismo”, afirma Salvador Espada, compañero del acusado.