Por Ahmed Bujari, representante del Frente Polisario ante la ONU.

El conflicto del Sáhara occidental causado por la ocupación marroquí es de acuciante actualidad para los países de nuestra región, para la ONU y para las grandes y medianas potencias que buscan incidir en el curso de los acontecimientos que determinarán de una forma u otra la configuración futura del Magreb.

La ONU espera que ambas partes acudan a esta nueva reunión informal sobre el Sahara Occidental con un ánimo "productivo y serio", tras las tensiones producidas por el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar, de tanta repercusión política y mediática. Un deseo que parece alejado de una realidad en la que la voluntad negociadora del reino alauita se halla en entredicho como consecuencia del mantenimiento de una política claramente represiva, incrementada en estos últimos meses, sobre las organizaciones civiles de la población saharaui (lo mismo que con quien disiente de la política oficial entre los ciudadanos marroquíes), claramente ejemplificada en la torpeza con que se trató de impedir la vuelta de Aminatu a su tierra y en una rectificación interesada y mercenaria, comprada a peso de oro.

No cabe ninguna duda de que la legalidad internacional, tanto desde el punto de vista doctrinal como en los reiterados acuerdos adoptados por las Naciones Unidas, reconoce y garantiza el derecho de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental para decidir de forma soberana y democrática su futuro. Esta base legal está asentada en la doctrina que emana de los propios principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de las múltiples Resoluciones aprobadas por la Asamblea General en relación con este largo y dilatado contencioso. Ese mismo principio fue reafirmado por sentencia del Tribunal de Justicia de la Haya, emitida a petición de Marruecos que negó taxativamente el reconocimiento de soberanía solicitado, y aceptado como parte integrante del corpus legal internacional aplicable al Sáhara Occidental, en base a su reconocimiento como territorio no autónomo y pendiente de una descolonización, que solo podría ejercerse a través de la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui.

¿Cuáles son las razones por las que no se ha podido, hasta la fecha, aplicar por las Naciones Unidas la vigencia de este principio básico de legalidad en el territorio del Sáhara Occidental?... ¿por qué no se ha podido organizar todavía el proyectado y necesario referéndum de autodeterminación?...

En primer lugar, porque no existe verdadera voluntad política de hacerlo cumplir y, en consecuencia, no se realiza ningún tipo de presión diplomática y política hacia Marruecos, que le exija el respeto de las Resoluciones internacionales. Ninguna autoridad ni potencia hace nada, año tras año, cómo no sea perderse en altisonantes e inútiles declaraciones, para buscar una solución negociada, pero con unas reglas de juego basadas en la legitimidad y claramente enunciadas, y presididas por un arbitraje con autoridad reconocida y voluntad para aplicar esas reglas. Estas conversaciones no pasarán de ser una pantomima, una representación teatral, mientras que las Naciones Unidas no actúen de forma clara y contundente, y ello será difícil mientras algunos de los Países miembros permanentes del Consejo de Seguridad sigan colaborando en la persistente prolongación de esta ocupación colonial.

Hora es ya de que las democracias occidentales dejen de adjudicarle a Marruecos el papel de aliado preferente o guardián y garante de los intereses del mundo desarrollado en el marco del Magreb pues ni esa visión corresponde ya a un análisis político verdaderamente actual ni facilita la resolución de los múltiples problemas que afectan a la estabilidad del Magreb e impiden el desarrollo de su verdadero potencial. Una actitud que no hace sino perpetuar una política antidemocrática y represiva controlada por el Majzen y el propio monarca.

Por otra parte, la Unión Europea, instrumentalizada por la voluntad proteccionista de Francia hacia su antigua colonia, y con la actitud cómplice del Estado español, incapaz de asumir con dignidad y coherentemente las consecuencias de un tratado de Madrid en el que se traicionó y se traficó con el pueblo saharaui como rehén, no solo premia las arbitrariedades del estado marroquí con la concesión de un estatuto de asociación preferencial sino que se apropia sin rubor alguno de los recursos pesqueros del banco sahariano en complicidad con su aliado preferente. En el fondo, todo queda en casa y los saharauis que se aguanten…

Un cinismo político que se hace más patente e inaceptable en la medida en que la comunidad europea viene silenciando todas las denuncias que se hacen sobre el respeto a los derechos humanos tanto en Marruecos como en el Sáhara Occidental, emitidas hasta por una Comisión de su propio Parlamento, de las que sólo se hizo eco ante la presión de la opinión pública en la dramática coyuntura que hizo peligrar la vida de Aminatu Haidar. Y que hoy silencia nuevamente las arbitrariedades cometidas con los presos políticos y de opinión en los tribunales y las cárceles marroquíes.

Marruecos sigue obstaculizando permanentemente una solución democrática, y no ha cedido un ápice en su política de flagrante violación de los derechos humanos y represión permanente de la población civil indefensa. Tiene el control de facto del Sáhara Occidental, tras su ocupación militar del territorio, y ahora tiene la pretensión de ampliarlo a un sometimiento de "jure" mediante su plan de autonomía, dentro de un anunciado proyecto de regionalización del país.

La oferta de Mohamed VI de conceder graciosamente una autonomía para el Sáhara Occidental resulta inaceptable, porque parte de la premisa de que su soberanía sobre el territorio es incuestionable e indiscutible, y ello aún a pesar de que se trata de un territorio invadido que nunca, a lo largo de la historia, ha formado parte del Reino de Marruecos. Y, sobre todo, porque supone seguir ignorando tanto la legalidad internacional como la decidida voluntad de los saharauis. Esta nueva maniobra, desacreditada por la realidad cotidiana de las tensas relaciones entre la población saharaui y sus ocupantes, supone un "chantaje" inaceptable al intento de negociaciones entre las dos partes, sin condiciones previas y bajo los auspicios de la ONU, en base a un diálogo directo, tratando de dejar claro que el único estatuto definitivo y aceptable para Reino de Marruecos sería una dependencia que no cuestionaría la soberanía de aquél. Sin asumir que la única solución definitiva para la cuestión del Sáhara Occidental será la resultante del libre ejercicio de la autodeterminación del pueblo saharaui mediante un plebiscito realizado con las debidas garantías, un derecho indiscutible que Marruecos lleva ignorando y pisoteando desde 1975.

La Resolución 1871/2009 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hace un llamamiento a Marruecos y al Frente Polisario “… para continuar las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General, sin condiciones previas y de buena fe, a fin de lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable para apelar a la determinación del pueblo del pueblo del Sáhara Occidental". La pretensión de Marruecos de imponer su pretendida y engañosa solución, lo hace improbable. Y ello, justamente, cuando España ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, desde donde debería de trabajar, de verdad, con ánimo sincero, y sin vacilaciones ni dobleces, para liderar la búsqueda de una solución a un conflicto que dura ya demasiado tiempo y que sangra sin cesar nuestra frontera Sur y en la memoria de una gran parte del pueblo español.

Es una provocación más que los amigos del pueblo saharaui y todos quienes en el mundo entero se identifican con la defensa de la dignidad y la justicia para las personas y los pueblos no deberíamos de admitir. Y que requiere una constante y atenta vigilancia del proceso y la denuncia de todas y cada una de las dejaciones, tibiezas e insidias que constantemente se producen y, sin duda, se producirán.

José Taboada es el Presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS-Sáhara