Fuente. Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco remitió de nuevo al juzgado de Lanzarote, donde fue inicialmente presentada, la denuncia de la activista saharaui Aminetu Haidar, que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado día 16 de noviembre en el aeropuerto de Arrecife, al entender que los hechos no son competencia de este tribunal.

  El magistrado ha atendido así positivamente la petición realizada ayer por el fiscal Pedro Martínez Torrijos remitió que defendía que la denuncia que Haidar dirigió contra Marruecos por su expulsión del país y contra España por supuesto secuestro y malos tratos debe instruirse, si existen indicios de delito, en el Juzgado de Instrucción número 8 de Arrecife.

   En concreto, la denuncia está dirigida contra Marruecos por expulsión ilegal y contra las autoridades españolas, a las que atribuye su secuestro al entender que le obligaron a entrar en el país en contra de su voluntad, pese a no tener documentación, e impedirle la salida. Asimismo, Haidar denunció a la compañía aérea Canarias Aeronáutica y al comandante de vuelo que la trasladó a Lanzarote por llevarla a un lugar desconocido, obligándola a viajar a España en contra de su voluntad y cuando había comunicado que estaba en situación irregular.

   También dirige su acción penal contra la Guardia Civil por los malos tratos recibidos en el aeropuerto, cuando los agentes la obligaron con violencia y en silla de ruedas a desalojar estas instalaciones. Del mismo modo, la activista ha denunciado que existe complicidad entre los gobiernos marroquí y español, asegurando que tiene constancia de que existían órdenes directas para hacerla entrar en España y retenerla ilegalmente.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

   El juez Velasco considera que la Audiencia Nacional no puede aceptar la competencia para investigar estos hechos --a pesar de reconocer que existen indicios de la comisión de un delito de lesa humanidad-- dado que la última modificación de la Ley que rige la Justicia Universal establece que éstos sólo pueden perseguirse cuando sus presuntos responsables se encuentran en España, si existen víctima de nacionalidad española o si se constata algún vínculo relevante con nuestro país.

   En opinión del magistrado estos supuestos no se cumplen en el presente caso dado que los denunciados son varios policías y representantes del aeropuerto que se encuentran en Marruecos, Haidar no tiene la nacionalidad española (dado que rechazó la oferta del Ministerio de Asuntos Exteriores que le ofreció un pasaporte de esta nacionalidad) ni hay vínculos de transcendencia jurídico penal entre el caso y España.

   Velasco también destaca que los hechos que ha denunciado la saharaui podrían coincidir con los delitos de detención ilegal y secuestro y otros cometidos por funcionarios como prevaricación cometida por funcionario público, obstaculización del derecho a la defensa y negación de ayuda por razón de ideología, relegión, raza, sexo,. nacionalidad, orientación sexual, situación familiar enfermedad o minusvalía.

    No obstante, insiste que para que pudieran ser investigados por la Audiencia Nacional "los criminales responsables deberían ser españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española" y recuerda que los hechos denunciados "como ocurridos en España" tienen que ser investigados por el Juzgado de Lanzarote.