LA TITULAR del Juzgado número 8 de Arrecife ha impuesto una multa de 180 euros a Aminatu Haidar "por alteración del orden público". La sanción es una consecuencia de la denuncia interpuesta por el director del aeropuerto lanzaroteño, al que no le gusta que media isla, y parte del extranjero, se hayan aproximado al aeródromo para visitar, unos por ideología o afinidad y otros por curiosidad, a Aminatu Haidar, la activista saharaui. Son las incongruencias de la justicia. Un caso que ha sido evaluado internacionalmente como una violación de los derechos humanos y un atropello al pueblo saharaui lo despacha la juez con 180 euros de multa a esta mujer, sanción que le fue comunicada verbalmente a la afectada.

La multa no tiene efectos inmediatos, pues no la paga y ya está (así funciona esto), pero la noticia de los 180 euros ya ha dado la vuelta al mundo. También son ganas las de AENA de echarse mierda encima cuando esta mujer, humillada por Marruecos e ignorada por España, lo que hace es reivindicar sus derechos y los de su pueblo. Nada más. ¿Merecía una denuncia o la hizo el director del aeropuerto para cubrirse las espaldas ante sus jefes de Madrid? ¿O puede que la acción fuera ordenada por ellos? Como siempre, acontecimientos como estos suelen tener un efecto contrario al deseado. España, jugando con las dilaciones, ha convertido a Aminatu Haidar en una heroína, en una mujer maltratada por el propio Estado. La diplomacia española ha tenido, en los últimos días, que acudir a la cumbre de Lisboa, tratar con los secuestradores del "Alakrana", desplazarse a Mauritania por lo de la crisis de los cooperantes y ahora le sale el grano de Aminatu, su huelga y su larga estancia en el suelo del aeropuerto de la isla de los volcanes. Moratinos parece la caja del turrón. No tiene horas. Pero lo de la multa clama al cielo. Se trata de una sanción simbólica, pero si Aminatu continúa en su postura yaciente en el salón de llegadas del aeropuerto lanzaroteño, la cosa podría derivar en desobediencia a la justicia y quién sabe si en orden de prisión. Tal y como están las leyes y la justicia en España, le recomendaría a la mujer en huelga que siguiera su protesta, pero donde no la puedan fulminar con el rayo de la ley. Porque entonces España tendría otro problema: sacarla del talego. Y estos son otros cantares. 180 euros pueden pagarse, pero la mazmorra es muy dura. España quedaría entonces, ante los ojos del mundo, como una nación con leyes represoras contra los derechos humanos. Piénselo el Gobierno, antes de que le crezcan más enanos a Zapatero.