Miles de personas se manifiestan en Madrid por la libertad del pueblo saharaui
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Sábado, 11 de noviembre de 2006, a las 18:36:47
Solidaridad
En la cabecera de la manifestación, que portaba una pancarta con el lema "No más abandonos y engaños. Sáhara libre", se encontraba el el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares; el secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro Zerolo; la concejala de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés y delegado en España del Frente Polisario, Brahim Gali, entre otros.
En declaraciones a los medios, Llamazares ha pedido al Gobierno "una posición más clara" en relación con el Sáhara y ha lamentado que "en los últimos tiempos la política del Gobierno socialista sobre este asunto está demasiado cerca de la política marroquí".
"Creo -ha dicho Llamazares- que el Sáhara y el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui no pueden ser, en ningún caso, moneda de cambio en las relaciones con Marruecos" y ha recordado que España tiene una "obligación histórica y moral para con los saharauis".
Por su parte, Zerolo ha apostado por solicitar la intervención de la comunidad internacional para que se restablezca la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos en el territorio del Sáhara occidental.
Comunicado
Tras la marcha, que ha finalizado en la Plaza Mayor, las actrices y miembros de la Plataforma cívica pro-referéndum libre en el Sáhara Mercedes Lezcano y Teresa del Olmo han leído un comunicado, suscrito por personalidades del mundo de la cultura, organizaciones sindicales, políticas, juristas, y organizaciones juveniles y sociales.
En el comunicado se condenaba la "brutal represión" que el Gobierno de Marruecos continúa ejerciendo en los territorios del Sáhara occidental, "violando los más elementales derechos humanos e imponiendo un estado de sitio".
Además, se exigía al Gobierno de Marruecos el cese de la represión y se solicitaba la intervención de la comunidad internacional, en particular la ONU, la UE y la Unión Africana.
También se pedía a Marruecos la apertura del territorio a observadores internacionales y representantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Finalmente se instaba al Gobierno español "a defender estos puntos en los foros internacionales, ante las partes implicadas, ante los países de la región y, expresamente, ante el Gobierno de Marruecos".
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