Diego Camacho López - Escobar

El mes de octubre se aprobó, por la IV comisión de la Asamblea General (AG), un proyecto de resolución que reafirma la responsabilidad de las Naciones Unidas hacia los  saharauis. Se fundamenta: en la resolución 1514 de la AG, de 1960, sobre el derecho a la independencia que tienen las colonias; en el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, de 1975, que defiende el derecho de autodeterminación del Sahara y en el cúmulo de resoluciones de la  AG o del Consejo de Seguridad (CS) que durante casi medio siglo han reconocido el derecho a la autodeterminación que tiene este pueblo nómada.

Fracasadas las negociaciones y la mediación de Peter van Walsun, la ONU se sitúa en el mismo punto que en el 2007. Pendiente sólo del nombramiento de Christopher Ross, como nuevo delegado del Secretario General, para iniciar una nueva ronda de conversaciones en las que anima a las partes a la “buena fe” para lograr una solución justa que permita la libre autodeterminación de los nómadas del desierto.

En los últimos 50 años, las NNUU han sido incapaces de hacer respetar sus propias resoluciones y han permitido que una colonia, Marruecos, que alcanza la independencia gracias al proceso descolonizador que se inicia al finalizar la II GM, se  convierta al poco tiempo en un país colonialista. Ello ha sido posible gracias al apoyo de los EEUU y Francia, miembros permanentes del CS, que deciden apoyar la hegemonía marroquí en el Magreb durante la guerra fría y por la inhibición de España, país colonizador.

Las razones estratégicas que podían existir, en la segunda mitad del siglo XX, han desaparecido al desintegrarse la URSS. La duración del conflicto, originada por la capacidad de resistencia de los saharauis, ha significado un debilitamiento del reino alauí al ser incapaz de evolucionar hacia estructuras organizativas más modernas y verse obligado a radicalizar los resortes represivos del sultanato. Dos generaciones de marroquíes llevan esperando la apertura política prometida e incumplida, por el asunto del Sahara, y la redistribución de la riqueza que permita el despegue económico. Situación social muy inestable y fácil presa del islamismo, que se convierte así en la única esperanza para las clases medias piadosas y el amplio proletariado de las ciudades. Además hay que mencionar el fracaso de la política de colonización e integración llevada a cabo por Marruecos, durante 33 años, presidida por el más absoluto desprecio hacia los derechos humanos y donde los asesinatos, las desapariciones y las torturas han sido la norma.

La ONU no debe seguir bailando el rigodón como si las dos partes estuvieran en un plano de igualdad en el cumplimiento de la legalidad internacional. Hay un pueblo que  está luchando por su legítimo derecho de elegir su destino, como reconoce la Carta de San Francisco y numerosas resoluciones de la AG y del CS, y otro que intenta colonizar un territorio que nunca le perteneció, incumple las resoluciones que le obligan a convocar un referéndum, persigue a la población en los territorios ocupados y levanta el muro de la vergüenza con la indiferencia del CS. Sería muy conveniente para la estabilidad internacional que la organización asentada en Nueva York recuperara el prestigio perdido y para ello es necesario solucionar el conflicto desde la legalidad internacional.

En este mes de noviembre se cumple el 33 aniversario de los acuerdos tripartitos de Madrid, entre España, Marruecos y Mauritania con la supervisión de la ONU, por los que la potencia colonizadora traspasaba la administración del territorio a los dos países magrebíes. Es ya un buen momento para que nuestra nación denuncie el mismo. Después de tantos años de incumplimiento en la convocatoria del referéndum de autodeterminación, la potencia que tenía que administrar el territorio se ha convertido en una nación colonialista que está sojuzgando a una minoría que tiene todo el derecho a existir.

España tiene un compromiso moral con los hijos de las nubes, pero también una obligación internacional que cumplir. Al gobierno le corresponde gestionar ese deber y dejar de mirar para otro lado. Está muy bien la ayuda humanitaria que llega a los campamentos de refugiados por nuestra agencia de cooperación internacional, pero ella no puede compensar la ausencia del compromiso político. El presidente tiene aquí una buena oportunidad para demostrar que su idea de la alianza de civilizaciones no es sólo retórica. Los saharauis tienen otra cultura y él, como sus antecesores, una deuda que saldar y un prestigio internacional que defender.