El primer juicio en celebrarse fue contra Mohamed Boutbba, joven saharaui de 18 años, quien entró en la sala cantando consignas a favor de su pueblo y vestido con una derrah, a la manera tradicional saharaui, como lo harían después en el siguiente juicio Nafai Sah y Mohamed Elboussati, quienes tampoco llegan a los 20 años de edad.

La celebración de los juicios se suspendió ante las irregularidades denunciadas por los abogados defensores, hasta el 9 de enero, y después hasta el pasado miércoles 6 de febrero, día en se celebró el juicio contra Nafai y Mohamed y también se conoció su sentencia: un año de prisión. El juicio de Boutbba ha vuelto a suspenderse hasta el próximo día 27. Entre tanto, él ha regresado a prisión.

Después del juicio, los abogados defensores explicaron que "los juicios no tienen las debidas garantías y los jueces están sometidos a una gran presión por parte del gobierno - En definitiva, los procesos son una farsa, un teatro, sin las debidas garantías como las que podamos tener en España o en cualquier país occidental".

Las conclusiones de los observadores internacionales que se desplazan para seguir estos juicios son que éstos se apartan de los principios procesales penales estipulados por la legislación internacional y que no se respeta el principio de presunción de inocencia. No se observan en la sustanciación del procedimiento los principios rectores del Derecho Penal. Y, tanto el Procurador (fiscal) como el Tribunal, no conceden la necesaria e imprescindible tutela judicial efectiva. El resultado de es que los acusados son mayoritariamente condenados a penas de uno a cinco años, sentencias que son posteriormente confirmadas en la apelación, si bien en algunos casos se reduce la condena en unos pocos meses.

La realidad denunciada por los activistas de derechos humanos locales es bien diferente. En lugar de los delitos imputados habitualmente --lanzamiento de cóctel molotov, piedras, daños a la propiedad pública ...--, lo que realmente se persigue es a los manifestantes que reclaman la independencia, que se arriesgan a ser acusados de estos delitos.

Dos de estos activistas, Dahha Rahmuni, desaparecido durante cuatro años, y Brahim Elansari, estuvieron detenidos en la comisaría de El Aaiun los días 3 y 14 de diciembre. Fueron sometidos a malos tratos, vejaciones y golpes e interrogados por sus actividades políticas y por sus relaciones con los observadores internacionales. Estos hechos fueron denunciados a través de su web asdvh.net, uno de los escasos recursos con los que cuentan los miembros de la asociación para permanecer en contacto con la comunidad internacional y dar a conocer sus reivindicaciones.