Las reiteradas declaraciones del Gobierno español en favor del entendimiento entre las partes o las recientes manifestaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, sobre el respeto del derecho a la autodeterminación de los saharauis no pueden ocultar que, lejos de la neutralidad que tantas veces proclama, el Gobierno español se ha inclinado por rearmar al Ejército marroquí ante la posibilidad de un guerra en el Sáhara, así como por fortalecer la impunidad de Marruecos en un territorio en el que, según las resoluciones de la ONU, España no ha dejado de ser formalmente la Potencia Administradora.
Durante más de 30 años, Marruecos ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental, se ha burlado descaradamente de la comunidad internacional al negarse a aplicar acuerdos que anteriormente había firmado, cada día viola los Derechos Humanos al detener, torturar y encarcelar a saharauis cuyo único delito es reclamar que se respete la legalidad internacional. Y todo ello lo sigue haciendo con el silencio cómplice del Gobierno español.
Marruecos es un país en conflicto permanente, con inmensas carencias democráticas y un complicadísimo equilibrio interno, denunciado por las más diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y que, además, también mantiene reivindicaciones territoriales con todos sus demás vecinos. Es intolerable que, en estas circunstancias, a nuestro Gobierno no se le haya ocurrido otra cosa que fortalecer su capacidad ofensiva, primando con ello su impunidad e intransigencia y perturbando los esfuerzos de paz desplegados por la Comunidad Internacional.
Sugerimos al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que aproveche la campaña electoral, para dar a conocer a los electores todas estas actuaciones que tan poca cobertura tienen en prensa y pida opinión sobre las mismas a los ciudadanos, que son en última instancia quienes deciden, mediante su voto, quienes nos van a gobernar los cuatro próximos años, y por tanto tienen derecho a saberlas y a conocer como se incumplen las Leyes previamente aprobadas por el Congreso de los Diputados.
Madrid, 1 de febrero de 2008