Las irregularidades se detectaron durante la campaña electoral y el
día mismo de las votaciones, y se detallan a lo largo de siete folios
donde explican además su proceso de trabajo y selección de los casi
2.000 observadores de más de 600 asociaciones.
«La honradez de las elecciones se ha visto comprometida por las
presiones ejercidas sobre amplios sectores del electorado, en
particular, por el uso ilícito del dinero así como bienes en especie y
promesas», asegura el informe sin dar nombres de personas ni
circunscripciones concretas. Además, «ha habido funcionarios y agentes
relevantes de la administración que han intervenido a diferentes
niveles a favor de los candidatos», añade.
Dinero y comida
En zonas rurales y algunos barrios populares de las ciudades, según
las denuncias recogidas por este corresponsal, es habitual que algunos
candidatos movilicen a la población a su favor con dinero o comida,
sin que, aparentemente, estos tengan la sensación de que están siendo
comprados.
El informe de los observadores marroquíes se refiere a la utilización
de la hora de la oración en las mezquitas para hacer campaña o la
participación de personal vinculado al Ministerio del Interior
(moqadems) para intentar obligar a que los ciudadanos recojan su
tarjeta electoral. Y reconocen que «el Estado ha adoptado en general
una neutralidad negativa» que tiene como consecuencia «la impunidad de
la mayoría de los autores de los delitos electorales».
Una semana después de que se celebraran las elecciones, el Ministerio
del Interior aún no ha publicado los resultados detallados. Ha
anunciado el reparto de escaños pero no el número de votos por
circunscripciones o partidos.
Se sabe que el Partido Istiqlal, con 52 asientos, es la primera fuerza
y los islamistas del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), con 46, la
segunda. Pero estos sospechan que son ganadores en votos y han
denunciado el uso de dinero por parte de otras formaciones.
Los comicios contaron por primera vez con la presencia de 52
observadores comandados por el ex presidente boliviano Jorge Fernando
Quiroga, para controlar más de 38.000 colegios.
El Consejo Consultivo de Derechos Humanos (CCDH), una instancia creada
a la sombra del palacio real, ha reconocido abusos, pero prefiere
apoyarse más en el informe de los observadores extranjeros que en el
de los marroquíes. «Ha habido casos de empleo de dinero. Ahora, ¿de
qué envergadura? No se puede responder con exactitud, pero si damos
crédito a los observadores, sobre todo a los extranjeros, parece que
no estamos ante un fenómeno de una dimensión desproporcionada», afirmó
Ahmed Herzzeni, presidente del CCDH.

Fuente: ABC