Hoy la política del PSOE es distinta. Hace pocas fechas, el 8 de abril, el Frente Polisario criticaba la propuesta de autonomía para la región del Sahara Occidental planteada por Marruecos y lamentaba la adhesión “peligrosa” del PSOE a dicho plan, al que considera “un proyecto contra la libertad de expresión y la legalidad internacional” que podría “desembocar en inestabilidad” y, posteriormente, “en una guerra”. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha optado por combinar una retórica calculadamente ambigua de cara a sus bases, que prefieren mantener la postura española tradicional de respaldo a la legalidad internacional, con una política de claro apoyo a las tesis marroquíe. Una actitud que ignora y olvida el llamado “Plan Baker II” aprobado por unanimidad (es decir, incluido el voto de Francia) por el Consejo de Seguridad en su resolución 1495 (2003) bajo la Presidencia española del Consejo de Seguridad, y la postura tradicional del socialismo español que tradicionalmente consideraba la celebración de un referéndum como única solución posible al conflicto.
 

 
     Ya en mayo de 2004, Pasqual Maragall admitió públicamente que “la postura del Presidente del Gobierno para resolver la cuestión del Sahara, no pasa por la ONU”. En la misma línea, el ministro Moratinos dejó caer, en octubre de 2004, que si bien el marco de Naciones Unidas es la referencia legal, sería deseable crear una “nueva dinámica” (sic), en la que “no deberíamos mirar hacia el pasado sino hacia el futuro”, con el fin de alcanzar un “acuerdo en el marco bilateral y regional”. Elena Valenciano, actual Secretaria de Relaciones Internacionales es algo más directa: “El único acuerdo posible es aquél que integre y respete los derechos e intereses de todas las partes”. Sobra decir que en ese esquema los derechos del pueblo saharaui vienen a tener el mismo peso que los intereses geopolíticos de Rabat.
 
     Fuera del Gobierno, otros miembros de la cúpula socialista parecen estar siguiendo la estrategia marcada por Moncloa. En mayo de 2005 Josep Borrell, a la sazón Presidente del Parlamento Europeo, escandalizó a los europarlamentarios con un fracasado intento de bloquear una declaración parlamentaria reclamando a Marruecos la liberación de presos políticos saharauis, así como la apertura del territorio a periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y observadores internacionales.
 
     Esta nueva política hacia el conflicto del Sahara Occidental se ha traducido en un gravísimo dilema de política interna: la cúpula de dirigentes socialistas se ha encontrado totalmente aislada del resto de actores políticos españoles. Por un lado, en el Congreso de los Diputados la oposición del Partido Popular ha mantenido su política previa de apoyo a las resoluciones de las Naciones Unidas, respeto por el consenso de estado existente hasta 2004 y acatamiento de la legalidad internacional. Una postura que ha sido reiteradamente compartida por el resto de partidos tanto en Madrid como en Bruselas. En clave nacional, el aislamiento del Gobierno se hizo especialmente patente en marzo de 2007, cuando a iniciativa de Izquierda Unida, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando al Gobierno a “respetar la legalidad internacional”. Otra propuesta similar del Partido Popular en mayo de 2005 también fue aprobada por todos los grupos parlamentarios. A esto se añaden las repetidas críticas de la Unión Europea y de organizaciones internacionales de Derechos Humanos por el comportamiento marroquí en el territorio del Sahara Occidental.