El próximo 31 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatirá la prolongación del actual mandato en el Sáhara Occidental de la Minurso (la misión de la ONU que vigila desde 1991 el alto el fuego en la excolonia española). Y la campaña en marcha de presiones políticas, económicas y diplomáticas está desatada y en su recta final. Marruecos quiere evitar de nuevo a toda costa que la ONU discuta y apruebe incluir en ese mandato futuro de la nueva Minurso cualquier alusión a la vigilancia de los derechos humanos en ese territorio y para ello está desplegando todos sus encantos. Incluidas las más inéditas reformas legales. El Frente Polisario no se quiere quedar atrás. Este próximo lunes enviará a su embajadora más simbólica, Aminatu Haidar —que adquirió renombre por su huelga de hambre en España tras ser expulsada de El Aaiún—, a comparecer ante la comisión de Exteriores del Congreso norteamericano.

La semana pasada, el rey Mohamed VI anunció, nada más regresar de una larga gira africana, la aprobación en Consejo de Ministros de un proyecto de ley para terminar con los juicios a civiles en los tribunales militares. Una demanda que habían planteado muchas organizaciones humanitarias y que el Gobierno de Estados Unidos le requirió en noviembre pasado cuando Mohamed VI visitó la Casa Blanca. También la habían solicitado Francia, España, Suiza y Argelia, el vecino y tradicional aliado del Polisario.

El último precedente de un polémico juicio militar sobre civiles ocurrió en Marruecos en febrero de 2013, cuando un tribunal juzgó a 23 activistas saharauis acusados de matar a 11 miembros de las fuerzas de seguridad en 2010 en Gdim Izik, cerca de El Aaiún. El Gobierno también ha anunciado, en este mismo contexto, que nombrará a funcionarios en cada Ministerio para investigar las denuncias tramitadas por los ciudadanos ante el Comité Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que esas quejas deberán recibir respuesta pública en tres meses.

Este proyecto de ley introduce otros cambios encaminados a promover la justicia militar, "diferenciándola del modelo del tribunal de excepción, y a inscribirla dentro de las instituciones judiciales especializadas, valedoras de los derechos y de las libertades, en cuanto a la competencia, organización y procedimientos, así como la composición de la Corte del tribunal militar", se especifica en el texto. En ese marco, el proyecto prevé excluir a los civiles de la competencia del tribunal militar sean cual sean los crímenes cometidos y excluye a los militares de la competencia del tribunal militar si cometen crímenes de derecho común.

Los analistas, en cualquier caso, no creen que al Gobierno marroquí le haya entrado un furor proderechos humanos en unas semanas. Lo interpretan más como otro gesto en su campaña por situar Marruecos como un país más moderno que sus vecinos del Magreb en un momento clave, a muy pocas semanas de que se vote en la ONU la supervisión sobre el Sáhara. En el Ejecutivo de Rabat se habla de "paso histórico", y hasta portavoces de algunas ONG, como Amnistía Internacional, han valorado su importancia. Otras organizaciones sociales han minimizado ese avance y cuestionan el comportamiento en algunos casos violentos del gobierno marroquí.

En esa línea, el portavoz y emisario del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyún, tildó este movimiento de Marruecos simplemente de pura táctica. "Para nosotros no significa nada, es igual que juzguen a nuestros activistas en tribunales civiles o militares, van a ser condenados de la misma manera", declaró a EL PAÍS. El Polisario entiende que lo importante en esta disputa sigue sin resolverse: "Hay que dar más tiempo al mandato de la Minurso; el enviado especial, Christopher Ross, tiene que concitar un mayor respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU porque en su última visita solo le recibió en Marruecos un secretario de Estado y ni siquiera vio a un ministro; y ahora es más necesario que nunca que tenga poderes para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, porque si no la población se va a ver empujada a radicalizarse".

Disputa de lobbies

El Gobierno marroquí cuida con mimo su particular relación política, económica y estratégica con Washington. Distintas fuentes calculan que se ha gastado unos 20 millones de dólares desde 2007 en diversos lobbies radicados en la capital de EE UU a favor de sus derechos sobre el Sáhara.

El Frente Polisario también tiene sus aliados. La próxima visita de la activista Aminatu Haidar, el lunes que viene ante el comité de exteriores del Congreso norteamericano, ha sido organizada por Kerry Kennedy, del Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Sociales.