"El Gobierno otorga a la protección de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y, en particular, en el ámbito del Sáhara Occidental, una enorme importancia". Eso es lo que asegura el director del Gabinete de la presidencia de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, en una carta dirigida a José Antonio Gimbernat, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). La misiva de Moragas, tiene fecha del 10 de abril, y  responde a otra carta que le había dirigido Gimbernat al presidente Rajoy protestando por la indiferencia de su Gobierno ante las recientes condenas dictadas por un tribunal militar en Rabat contra 24 presos políticos saharauis detenidos en 2010 durante el brutal desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik, en las proximidades de El Aaiún.

La carta de Moragas (aquí la tenéis) fue escrita cuatro días antes de que la Fundación Robert F. Kennedy que preside Kerry Kennedy, hiciese público que Estados Unidos había propuesto un borrador de resolución para que el Consejo de Seguridad de la ONU que está debatiendo sobre el Sáhara Occidental diese algún tipo de competencia a los cascos azules de la MINURSO sobre las violaciones de derechos humanos en la antigua provincia española. 

El ministro García-Margallo descalificó seguidamente esta iniciativa estadounidense diciendo que es “inviable” y la opinión del jefe de la diplomacia española ha determinado que el presidente Obama acabase retirando su propuesta y se aviniese a negociar otro texto de resolución mucho más descafeinado. La clave del peso que ha tenido España contrarrestando la iniciativa de la poderosa superpotencia es, una vez más, la autoridad que España sigue teniendo en este conflicto de cara al resto de miembros de la comunidad internacional por seguir siendo legalmente la potencia administradora del Sáhara Occidental. Es un hecho que no varía con las mentiras con las que los gobiernos españoles vienen mintiendo, desde 1975, a su opinión pública y la marroquí diciendo que España ya nada tiene que ver con el Sáhara Occidental en virtud de esos llamados acuerdos de Madrid que nadie sabe dónde están archivados.

Lo más probable es que cuando Moragas escribió esta nueva respuesta a las misivas de Juan Antonio Gimbernat sobre el Sáhara Occidental, el Gobierno español estuviese ya al tanto de la iniciativa estadounidense sobre derechos humanos. Suponiendo que Moragas escribiese a Gimbernat sin tener conocimiento de cuál iba a ser la postura del ministro de Exteriores caben dos posibilidades: o el Gobierno de Rajoy ha tenido un súbito arrepentimiento y ya no quiere apoyar los derechos humanos en el Sáhara Occidental, o existe una contradicción entre lo que piensan en presidencia y la línea mantenida por García Margallo, con su apoyo al rechazo marroquí a la iniciativa de Obama. Sería conveniente que el Gobierno de Rajoy hiciese una aclaración al respecto. Si responde diciendo que en su seno no hay líneas contrapuestas, entonces Moragas debería explicar cómo piensa su Ejecutivo proteger los derechos humanos en el Sáhara Occidental poniéndose del lado de los torturadores.

Alguna pista sobre este lío quizás la encontremos en esa parte de este último texto dirigido a la APDHE en la que, junto a su enérgico pronunciamiento a favor de los derechos humanos, destaca “el permanente apoyo de España a las gestiones realizadas en el marco de las Naciones Unidas en la búsqueda de una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable al conflicto del Sáhara Occidental”. Moragas dice que esta solución debe prever la “libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental” pero no explica cómo, a la vista de lo ocurrido con la propuesta de los derechos humanos, se pueda lograr una solución “mutuamente aceptable”, que sea del gusto de Mohamed VI. Como ya dije en Espacios Europeos, la cuestión de los derechos humanos tiene mucho menor calado de cara a una solución definitiva frente a lo que es la causa de los continuos atropellos que sufre la población saharaui por parte de Marruecos: el derecho a la autodeterminación saharaui que el reino alauita se niega a reconocer y que intenta contrarrastar con una monstruosa política genocida.

El “apoyo” a los derechos humanos del pueblo saharaui expresado por Moragas, en todo caso, un apoyo flojo y engañoso. Obvia esa cuestión que le viene planteando la APDHE a los Gobierno españoles en su campaña por la nulidad oficial de los llamados acuerdos de Madrid: que España no hace más que violar el derecho internacional con su empeño en no asumir de forma oficial e inequívoca sus obligaciones de potencia administradora y cumplir a rajatabla el art. 73 del capítulo XI de la Carta de la ONU. En este artículo relativo al grupo los Territorios No Autónomos en el que está incluido el Sáhara Occidental se dice muy claro que “los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo...”