Noticias: Agenda de Derechos Humanos para la próxima reunión entre ambos gob
España/Marruecos (02-03-07)

Madrid.- Los próximos días 5 y 6 de marzo los gobiernos de Marruecos y España celebrarán en Rabat su VIII Reunión de Alto Nivel. Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para remitirle varias cuestiones en materia de derechos humanos que en opinión de la organización deberían ser abordadas durante este encuentro.


http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/marruecos-sahara-occidental-tortura-de-activistas/noticias-relacionadas/articulo/agenda-de-derechos-humanos-para-la-proxima-reunion-entre-ambos-gobiernos/Estos asuntos son fundamentales para el pleno ejercicio de los derechos humanos de la población marroquí.  Se trata de la persecución judicial al colectivo saharaui, las restricciones a la libertad de expresión y de reunión en el país y la falta de avances para poner fin a la impunidad de crímenes cometidos en el pasado. La organización también destaca que las cuestiones sobre inmigración que se aborden deben tener en cuenta las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por ambos Estados.

1. Inmigración y refugio
Amnistía Internacional recuerda a España que cualquier colaboración para el control de la inmigración que se acuerde debe respetar las obligaciones en materia de derechos humanos y refugiados contraídas internacionalmente, y no debe impedir que las personas que huyen de persecución soliciten asilo y obtengan protección. Igualmente, la organización insta al Gobierno español a que todas las políticas que se desarrollen en la denominada “dimensión externa” de la Política de Asilo sean conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y del derecho de los refugiados.

La organización muestra igualmente su preocupación por las repatriaciones desde España de menores no acompañados de origen marroquí que se llevan a cabo como “reagrupaciones familiares” y que se realizan sin el debido proceso legal, sin tener en cuenta la situación familiar del menor y sin una adecuada asistencia letrada.

Por otro lado, Amnistía Internacional ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que sigan sin hacerse públicos los resultados de las investigaciones iniciadas por las autoridades españolas y marroquíes a raíz de las muertes ocurridas entre Marruecos y las ciudades de Ceuta  y Melilla, entre agosto y octubre de 2005.

No parecen haberse adoptado medidas preventivas y hay una falta de garantías en ambos Estados para asegurar que las investigaciones de los hechos sean minuciosas, imparciales y efectivas. Las muertes ocurridas en julio de 2006 hacen temer que se sigan cometiendo abusos en la región sin que las víctimas o sus familiares puedan recurrir a la justicia o acceder a una indemnización.

2. Arrestos y persecución judicial en el Sáhara Occidental
La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental sigue siendo motivo de gran preocupación para Amnistía Internacional. La delegación de la ONU que visitó el lugar en mayo de 2006 subrayó que el pueblo saharaui tenía gravemente coartado el ejercicio de su derecho a expresar opiniones, a crear asociaciones y a celebrar reuniones y que además estaba siendo privado de su derecho a la libre determinación.

A lo largo del último año y medio, la comunidad saharaui dedicada a la defensa de los derechos humanos ha sido objeto de una campaña coordinada de represión a manos de las autoridades marroquíes. El caso más reciente afecta a Brahim Sabbar, secretario general de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí, y su compañero Ahmed Sbai, quienes se enfrentan a los cargos de pertenencia a una asociación no autorizada e incitación a actividades violentas de protesta contra la administración marroquí del Sáhara Occidental. Amnistía Internacional ha expresado su temor de que ambos estén sufriendo acoso judicial por su labor de defensa de los derechos humanos y del derecho a la libre determinación de la población del Sáhara Occidental.

En 2006 prosiguieron las manifestaciones por parte de la población saharaui. Se informó de la detención de centenares de personas, la mayoría de las cuales quedaron en libertad tras ser interrogadas por la policía. Unas 20 fueron condenadas posteriormente a penas de hasta seis años de prisión por haber incitado o participado en acciones violentas. Al menos 10 manifestantes denunciaron haber sufrido tortura o malos tratos bajo custodia.

Amnistía Internacional solicita al Gobierno español que inste a las autoridades marroquíes a dejar de criminalizar la actividad pacífica del colectivo saharaui dedicado a la defensa de los derechos humanos y que proteja el derecho de toda la población saharaui a expresar pacíficamente sus opiniones sin miedo a sufrir represalias, incluidas las relacionadas con el asunto del Sáhara Occidental.

3. Libertad de expresión y de reunión
Amnistía Internacional solicita al Gobierno español que transmita a las autoridades marroquíes su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión en Marruecos, especialmente para asuntos relativos a la monarquía y a la disputa sobre el Sáhara Occidental.

En enero de 2007, un tribunal marroquí ordenó la clausura durante dos meses de la revista Nichane, que había publicado un artículo donde se hacían bromas sobre cuestiones consideradas tabú y condenó a tres años de libertad condicional y a una multa de 80.000 dirhams (aproximadamente 7.200 euros) al director de la publicación y al autor del artículo. Driss Ksikes y Sanaa Al Aji fueron acusados de difamar al Islam y a la monarquía y de atentar contra la moral pública. Otras publicaciones independientes han sido condenadas por difamación, viéndose aparentemente perseguidas por haber tratado cuestiones sensibles, y han recibido multas que pueden conducir a la quiebra.

Por otra parte, en 2006 la policía intensificó su persecución del grupo islamista no autorizado Al-Adl wal-Ihsan (Justicia y Caridad), después de que éste iniciara una campaña de captación de nuevos miembros. Más de 3000 miembros fueron interrogados, quedando la mayoría en libertad sin cargos. Al menos 300 fueron acusados de, entre otros delitos, participación en reuniones o asambleas no autorizadas y pertenencia a una asociación no autorizada. Además, prosigue el juicio de la portavoz del grupo, Nadia Yassine, quien en 2005 declaró en una entrevista que consideraba que la monarquía no era adecuada para Marruecos. Ella y dos periodistas del periódico Al Ousbouiya Al Jadida fueron acusados de difamar a la monarquía.

4. Comisión de Equidad y Reconciliación
En enero de 2006 se presentó el informe final de la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER), encargada de investigar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999, especialmente los casos de desaparición forzada y detención arbitraria. En su momento, Amnistía Internacional pidió que se investigaran sin discriminación todos los casos individuales de “desaparición” y detención arbitraria, así como los de otras violaciones graves, y se publicaran los resultados. La IER examinó todos los casos que le fueron sometidos, pero no pudo resolverlos todos. Su informe final revela problemas graves en cuanto a la cooperación con las autoridades (cooperación limitada, rechazo de muchas personas a testificar, pésimo estado de los archivos a los que se pudo acceder, y documentos no proporcionados o proporcionados demasiado tarde). Además, sigue sin publicarse una lista de los casos de desaparición forzada examinados.

Además, el informe final de la IER no incluye recomendaciones ni conclusiones en relación con la responsabilidad individual por violaciones del pasado, ni menciona registros de los nombres de las personas afectadas. Tampoco se refiere a la posibilidad de tomar medidas administrativas contra los cargos de la administración que pudieran ser objeto de denuncias por violaciones graves en el pasado.

Desde la publicación del informe, no se ha proporcionado a las víctimas un acceso efectivo a la justicia ni progresos para identificar responsables individuales de las violaciones cometidas, aspectos que no fueron abordados por la IER ni lo han sido por el Comité Consultivo de Derechos Humanos (CCDH) y los grupos de trabajo gubernamentales, encargados de poner en marcha sus recomendaciones. Tampoco ha habido una disculpa oficial del Primer Ministro por los crímenes cometidos en el pasado. El Rey, por su parte, sólo expresó su pésame a las víctimas.