La medida de Exteriores de repatriar a los cooperantes españoles al sur de Argelia aísla aún más a esta población confinada al exilio obligado desde hace 37 años.

Tras los secuestros el pasado octubre de tres cooperantes en Rabuni, el centro administrativo de los campamentos de refugiados saharauis, el Frente Polisario ha extremado las medidas de seguridad con los extranjeros que viajan a esta parte del sur de Argelia.

Los esfuerzos de las autoridades saharauis se han notado en las épocas que más visitantes reciben los campamentos: diciembre (durante el puente de la Constitución), abril (en Semana Santa) y en mayo (con motivo del Festival de Cine del Sáhara). Decenas de familias españolas aprovechan las equilibradas temperaturas del invierno y la primavera para visitar a los niños y niñas que después acogen en sus casas durante el verano.

Estas familias acuden, en ocasiones, con sus propios hijos, para que conozcan de primera mano la vida en el exilio de los refugiados del Sáhara y comprendan el conflicto. El ambiente en el que conviven es de completa normalidad, y así lleva siendo desde la década de los 80, cuando comenzaron los primeros programas de acogida de menores saharauis.

Este último año, y a consecuencia del secuestro de Ainhoa Fernández, Enric Gonyalons y Rosella Urru, las medidas de seguridad impuestas por el Polisario han consistido en registrar los datos de los extranjeros que viajan entre wilayas [provincias] así como del guía y conductor que los acompaña y no permitir desplazamientos nocturnos. El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) desplegó un gran cordón de seguridad durante el Festival Internacional de Cine del Sáhara (Fisáhara), al que acudieron cientos de personas y que sirvió para desmontar la imagen de inseguridad en los campamentos.

El presidente de CEAS Sáhara, José Taboada, ha recordado que el terrorismo sorprende la primera vez que actúa "como sorprendió en Nueva York, Madrid y Londres". "Y en el Sáhara también sorprendió, pero eso no volverá a pasar", ha dicho esta mañana en declaraciones a la Cadena Ser.

Sobre el terreno, los saharauis refugiados aseguran no sorprenderse de la decisión del Gobierno español y sostienen con resignación que no es la primera vez que la clase política española les abandona. Chej Muhftah, miembro de UJSARIO, la unión de jóvenes del Frente Polisario, se pregunta qué pasa con los españoles que hay en otros lugares como Somalia o Irán. "¿También les han repatriado?". "Esos sitios son más inseguros", apunta Chej, a quien no le queda más que concluir: "El ministro de Exteriores español parece que representa más a Marruecos que a su propio pueblo".

Y es que la cuestión de fondo que apuntan las organizaciones de ayuda al pueblo saharaui es la claudicación a los intereses marroquís. Al reino de Mohamed VI le molesta la constante presencia del ojo extranjero en los campamentos de refugiados y no permite las visitas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, donde la vulneración de los derechos humanos sobre la población saharaui es continua.

Exportar la causa saharaui más allá de los límites geográficos de la hamada argelina y más allá de las ciudades ocupadas por Marruecos es un inconveniente para el reino alauita. El odio a los saharauis ya lo expresó Hassán II cuando inició la Marcha Verde en 1975 para ocupar los territorios recién abandonados por España: "Si el Frente Polisario ataca la Marcha, los aplastaremos". Lejos de aplastarlos, los saharauis defendieron su territorio en una guerra que les enfrentó a Marruecos hasta 1991. Desde entonces, es notorio el saqueo y la vulneración de derechos a la población que se quedó en esas ciudades.

Mientras, los refugiados que viven al otro lado del desierto no temen por su vida, pero las nuevas generaciones crecen con importantes carencias alimenticias y con escasas posibilidades de desarrollar una vida independiente en el futuro. Jóvenes refugiados como Chej se forman en el extranjero y a su regreso a los campamentos solo encuentran frustración. El trabajo de los cooperantes en este lugar es vital para garantizar los derechos que tiene una población a la que se la lleva negando desde hace mucho tiempo un principio básico para el desarrollo de los pueblos: la autodeterminación.