El conflicto del Sahara Occidental, cuyos protagonistas reconocidos por Naciones Unidas son el Gobierno de Marruecos y el Frente Polisario, crea periódicamente problemas políticos, jurídicos y diplomáticos al Gobierno español. La descolonización inacabada de la antigua colonia española de África, hace mella en el Ejecutivo de Madrid, cualquiera sea su color político.

La tradicional amistad española hacia la población del Sahara Occidental, en particular la más vulnerable que habita en unos míseros campamentos de tiendas en el suroeste argelino de Tinduf, se traduce cada año no sólo en la llegada de cientos de niños a las familias de acogida en toda la geografía española, sino en innumerables caravanas de solidaridad que parten de España hacia los campos de refugiados cargados de víveres, medicinas y pertrechos destinados a aliviar el sufrimiento de las decenas de miles de saharauis que allí habitan desde hace mas de tres decenios.

Asociaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos, ayuntamientos y Comunidades autónomas, repiten cada año sus gestos solidarios y declaraciones de amistad deseando una pronta solución al conflicto en base a las resoluciones internacionales adoptadas por las Naciones Unidas.

Estos días circula por las redes sociales una enésima petición para que se lleve a cabo el referéndum de autodeterminación aprobado por la ONU y al que los contendientes, el gobierno de Rabat y el Polisario, se comprometieron en 1991, fecha de la firma del alto el fuego que puso fin a 15 años de enfrentamientos armados en el territorio. La demanda goza de toda legitimidad ya que pide únicamente la aplicación de la Resolución 690 del Consejo de Seguridad adoptada en abril de 1991, que sancionó el Alto el fuego acordado entre las partes, y que preveía la realización de un Referéndum de autodeterminación.

Los sucesivos gobiernos españoles desde entonces han aceptado dicha Resolución y augurado la solución del conflicto en base a la misma, tanto en la mesa redonda del Consejo de Seguridad, como en la Asamblea general o fuera del recinto internacional.

Sin embargo, lo que supone un problema para el Ejecutivo español es el tratamiento o las relaciones que el gobierno o las instituciones oficiales españolas puedan tener con la “República Saharaui Democrática”, proclamada por el Frente Polisario en el desierto argelino y que no es reconocida ni por Naciones Unidas ni por España.

Es lo que ha ocurrido estos días en Extremadura donde la Asamblea autonómica se disponía a adoptar “una Resolución” de apoyo al Referéndum redactada en unos términos que podían interpretarse como un reconocimiento de la RASD, y de sus instituciones gubernamentales y parlamentarias. El ministerio de Asuntos Exteriores intervino en el asunto parea instar a la Asamblea extremeña a limitarse a proclamar “su hermanamiento con los refugiados saharauis”, aunque sea en un acto oficial de la misma celebrado en Mérida.

En el programa previsto, según fuentes saharauis, estaba prevista la presencia del Presidente del Parlamento saharaui JatriAdouh y los representantes del Frente Polisario en España y en Extremadura, BucharaBeyun y Allali el Mami respectivamente. El acto se ha celebrado este jueves en Mérida en presencia de las autoridades autónomas y de los grupos políticos de la Asamblea, PP, PSOE e Izquierda Unida, y ha estado dedicado al “hermanamiento con la Asamblea del pueblo saharaui”. Para las Autoridades españolas, la presencia de los tres saharauis es vista como de “miembros del Frente Polisario”, este sí reconocido por la comunidad internacional y con quien el gobierno español y los partidos políticos del arco parlamentario mantienen relaciones.

La ambigüedad jurídica de la necesaria diferenciación entre el Frente Polisario, protagonista del conflicto y como tal reconocido por la ONU, y la República saharaui y sus instituciones, aceptada por decenas de países pero no por Naciones Unidas, ha puesto de nuevo en un aprieto al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que prepara la cumbre hispano-marroquí de septiembre en un momento particularmente delicado de las relaciones bilaterales.

El portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular en la asamblea extremeña, intervino en el acto para recordar “la responsabilidad histórica y moral" que tiene España, como antigua potencia colonizadora, en la resolución del conflicto. El PP y por lo tanto el gobierno de Rajoy son conscientes de la "necesidad" de dar una solución al calvario que padece el pueblo saharaui, en base al cumplimiento de las resoluciones de la ONU conforme al derecho internacional. El representante popular reafirmó su apoyo “al derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y al respeto escrupuloso de los derechos humanos", recordando que la ONU es “el único cauce para la solución delconflicto”.