Esta petición fue planteada esta mañana en Santander con motivo de la décimo primera Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios 'Paz y Libertad en el Sahara', que reúne este fin de semana en la sede del legislativo cántabro a representantes de los parlamentos autonómicos, del Congreso, del Senado y del Parlamento Europeo.

Los intergrupos parlamentarios, formados en cada legislativo autonómico por miembros de todos los grupos parlamentarios, se crearon hace ya once años para defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Su presidente, Andrés Perelló, consideró esta mañana en rueda de prensa que el Estado español se debe 'involucrar' porque para las Naciones Unidas es todavía la potencia administradora del Sahara Occidental, aunque la colonia que debe descolonizar está ahora ocupado por una 'potencia invasora' (en referencia a Marruecos).

Según Perelló, este caso es 'único en el mundo' y una situación 'paradójica' para el derecho internacional.

Subrayó que el Estado Español tiene una 'responsabilidad histórica' con el pueblo saharaui, al tiempo que demandó a la comunidad internacional que acuda 'en defensa de quien está invadido'.

Este diputado valenciano insistió en que el hecho de que exista un pueblo que lleva más de 30 años 'oprimido, sin estado y sin territorio', se 'da de bruces con cualquier idea de paz y libertad'.

El coordinador de las Instituciones Solidarias, Txomin Aurrecoechea, quien acompañó a Perelló en la rueda de prensa, aseguró que el Estado puede contar con la ayuda de todas las instituciones, partidos y de la sociedad.

De hecho, las conclusiones de décimo primera conferencia se trasladarán al Gobierno de España, a todos los parlamentos, a los gobiernos autónomos y a los municipios para que den su apoyo 'solidario' al pueblo saharaui.

El delegado en España de la República Saharaui Democrática, Brahim Gali, quien participa en la conferencia, denunció la 'represión' que ejerce Marruecos en los territorios ocupados y pidió a Naciones Unidas que asuma la responsabilidad que le corresponde porque desde 1991 tiene la potestad de organizar el referendo de autodeterminación.