La Maroc Agence Press ha vuelto a demostrar que es un aparato de publicidad nacional e internacional manipulando los datos ofrecidos por Human Right Watch sobre Marruecos. Su utilización, en sí misma, se podría considerar una grave violación del derecho a la información. Y esto debería estar recogido también en el crítico informe de la ONG sobre el país alauita. Miren de qué cosas se olvidó la MAP.

A nadie se le esconde la instrumentalización de la Maroc Agence Presse, pero lo que ha sucedido estos días, aunque tiene parangón, no deja de sorprender por su descarada intención de malinformar a los ciudadanos de su país. A la MAP poco menos que le faltó aplaudir a Human Rights Watch tras la publicación de su informe anual sobre Marruecos, del que destacó “las importantes garantías constitucionales de los Derechos Humanos” en Marruecos. También subrayó avances como la activación de la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Como no, la agencia subrayó que HRW destaca en su informe que en la nueva Constitución marroquí se prohíbe “la tortura, el trato inhumano y degradante y las detenciones arbitrarias”. Constitución que se saltan todos los días en el Sahara Occidental, agrega el que firma. La toma de prensa dice poco más del informe de HRW y es una pena.

Es una pena porque a la agencia oficial marroquí se le ha olvidado de informar a los ciudadanos de su país de algunas cuestiones, detalles, vamos, sin apenas importancia. Aún así, me he tomado la molestia de rescatar algunos:

Al inicio del informe: “El Gobierno de Marruecos debe revisar leyes represivas para frenar la violencia policial”.

“En 2011 el gobierno ha encarcelado a más personas que en 2010 por motivos políticos, haciendo uso de leyes represivas y juicios manifiestamente injustos”.

“Las autoridades han reincidido al dispersar violentamente movilizaciones que pedían cambios políticos”.

“En el Sahara Occidental la policía no ha autorizado ninguna manifestación pública organizada por aquellos que piden la autodeterminación del territorio”.

“El Gobierno debería suprimir disposiciones existentes en el Código Penal y el de la Prensa que permiten penas de prisión para casos de libertad de expresión que incluyan críticas a la monarquí, al Islam o a la reivindicación de la independencia del Sahara Occidental”.

“Los tribunales han mantenido en prisión a los activistas saharauis Ali Salem Tamek, Dahane y Naciri Ahmed retrasando el juicio constantemente. Después de liberarlos espontáneamente aún no se sabe nada de su juicio”.

“La prisión preventiva debe ser una excepción, no la regla”.

“Cientos de presuntos islamistas que fueron arrestados en 2003 o años posteriores siguen aún en prisión. Muchos de ellos fueron condenados en juicios injustos y han sufrido incomunicación, malos tratos y en ocasiones torturas.

“Las autoridades marroquíes deben garantizar la libertad de reunión, que en la actualidad no se garantiza y no hacer que esta libertad dependa del motivo de la reunión”.

“La policía debe rendir cuentas ante la Ley cuando el uso de la fuerza es excesiva”.

“La televisión pública marroquí deja poco espacio para las críticas al Gobierno, los debates políticos y la investigación periodística”.

“Cientos de periodistas que trabajan en medios públicos o controlados por el Estado reclaman más independencia editorial”.

De todo esto y muchas otras cosas se olvidó la MAP. Así es la agencia de noticias –y propaganda- de Marruecos. Y sobre todo, estas son algunas de las denuncias más importantes que hace HRW sobre la situación en el “país moderno amigo de Europa”. Críticas muy contundentes, muy serias y que afecta a todos los poderes de la adminsitración pública y, por tanto, repercute negativamente en los ciudadanos. Y eso es lo grave.