La repatriación forzosa hubiera supuesto la paralización de todos los proyectos en los campos de refugiados

GONZALO MOURE El secuestro de los cooperantes Ainhoa Fernández Rincón, Rossella Urru y Enric Gonyalons en Rabuni, Tinduf, es un golpe muy duro contra la cooperación internacional, de la que nuestra asociación, «Escritores por el Sáhara-Bubisher», forma parte.

La elección del lugar en el que se produjeron los hechos, Protocolo, que es el corazón de la solidaridad en Tinduf, no parece casual. Los terroristas podían haber elegido muchos otros lugares de los campamentos de refugiados, mucho menos protegidos, en los que su despreciable acción hubiera sido más fácil, con menos riesgo, y con un margen de maniobra y tiempo mayores.

Independientemente de quién o qué organización haya sido la culpable, el secuestro paraliza momentáneamente viajes e iniciativas de otras muchas organizaciones, e incluso ha estado a punto de significar la evacuación forzosa de todos los cooperantes y voluntarios.

El juicio que no pocos analistas de prensa y tertulianos de radio y televisión están haciendo de quienes han sido secuestrados y de los cientos, si no miles, de personas que arriesgan su vida y dedican su tiempo a su tarea, tildándolos de «turistas solidarios» y otros calificativos peores, es mucho más que injusto: resulta dañino para la acción solidaria, y arrastra a no pequeña parte de la opinión pública. A ella, a los lectores, a la opinión pública nos queremos dirigir en estos momentos de máxima angustia y preocupación. Infinidad de españoles hemos viajado como turistas a Egipto, Marruecos, Túnez o Jordania. Todos hubiéramos podido ser blanco de un secuestro semejante, como murieron varios españoles en los atentados de Casablanca de 2003. Cuando desde tribunas públicas se pide el fin de la cooperación internacional para evitar riesgos, ¿se amplía esa petición de prohibición al turismo en Marruecos o en Egipto?

En las últimas horas, según han publicado algunos periódicos, fue intención del Gobierno español, cuya ministra de Asuntos Exteriores se encuentra rindiendo visita a la potencia ocupante del Sáhara Occidental, repatriar forzosamente a todos los cooperantes y voluntarios que en estos momentos trabajan en los campamentos. Hubiera supuesto la paralización de todos los proyectos, y el estrangulamiento de la población refugiada, 150.000 personas, entre las que no menos de diez mil son ciudadanos españoles con pasaporte en vigor. Hay que preguntarse a quién beneficiaría y a quién perjudicaría esta medida. Todos los refugiados necesitan la cooperación de las asociaciones que trabajan allí. Potabilización de agua y pozos, operaciones a pacientes graves que no tienen otra alternativa, programas de recogida y reciclaje de basuras, enseñanza de capacitación profesional para jóvenes, plantaciones agrícolas con las que paliar el hambre y las necesidades vitamínicas de la población, construcción de escuelas y centros cívicos, deportes son algunas, entre muchas, de las actividades que desarrollan allí Mundobat, CISP, las asociaciones de amigos del pueblo saharaui y otras muchas. Todo eso es lo que se hubiera frenado en seco, lo que se ha tratado de cercenar con el secuestro.

Más allá de volver a pensar detenidamente en quién se podría beneficiar de esta pérdida tan importante para los refugiados saharauis, por más obvio que resulte, queremos decir claramente que no estamos trabajando allí por capricho, ni mucho menos por turismo o diversión. Bien al contrario, nos jugamos la vida a diario en condiciones de vida realmente duras, viajando en aviones decrépitos porque ninguna línea aérea de garantías cubre el trayecto, transitando en vehículos con las ruedas y los frenos gastados por el tiempo y la dureza del desierto. Si bien los voluntarios permanecemos en Tinduf cortos períodos de tiempo, los cooperantes viven allí un año, dos, a veces tres. No, nuestra presencia en los campamentos de refugiados se debe a que cuando quien debe hacer algo no lo hace, alguien lo tiene que hacer en su lugar. Se trata de paliar todo lo que ni nuestro estado, ni la comunidad europea, ni la comunidad internacional hacen. También más allá de la política, de cumplir con los mandatos que dictan las resoluciones de la ONU, hay una obligación histórica, una responsabilidad heredada, ya que los saharauis eran tan españoles como nosotros cuando un gobierno ilegítimo suscribió un tratado ilegítimo dejándolos en manos de sus invasores. Los niños saharauis, como sus mayores, tienen derecho a sanidad, a educación, a lectura, a un trabajo y una vivienda digna. Los cooperantes hacen que esos derechos se vean cumplidos, en la corta medida de nuestras posibilidades.

No vamos a interrumpir nuestro trabajo, salvo que la acción de nuestro Gobierno la haga innecesaria, o que se nos prohíba. Pero entre tanto pedimos a la opinión pública que, lejos de culpabilizar a los secuestrados y a quienes desarrollan la misma labor, les den su apoyo, su cariño, e incluso su agradecimiento.