Washington, 16 feb (EFE).- Los violentos incidentes de noviembre en El Aaiún (Sáhara Occidental) dejaron tras de sí un "clima de miedo y represión" en el que abundan las torturas y detenciones arbitrarias, según un informe publicado hoy en EE.UU.

El Centro Robert F. Kennedy (RFK) para la Justicia y los Derechos Humanos, con sede en Washington, publicó hoy las conclusiones de su viaje al Sáhara Occidental el pasado enero, cuando visitó varios campamentos de la mano de la activista saharaui Aminatu Haidar, dos meses después del desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik.

En la madrugada del 8 de noviembre, las fuerzas marroquíes entraron en Gdaim Izik con el apoyo aéreo de helicópteros mientras la mayoría de ocupantes del campamento lo abandonaban pacíficamente y unos cuantos se resistían con violencia.

Con el forzado retorno de los habitantes de Gdaim Izik a El Aaiún, miles de jóvenes se echaron a las calles para enfrentarse con las fuerzas de seguridad marroquíes, en una batalla campal que dejó oficialmente 13 muertos.

Con el fin de analizar las consecuencias del desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik, el RFK se reunió con dos docenas de "víctimas de tortura y encarcelamiento" y sus familias, según dijo,, además de con representantes del Gobierno marroquí y de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

La principal conclusión de esos encuentros es la constancia de "graves abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas del Gobierno marroquí" contra los civiles durante y después del desmantelamiento del campamento de Gdaim Izik, creado "para protestar por las condiciones sociales y económicas" en la región.

Pese a que el suceso tuvo lugar el 8 de noviembre, el Centro RFK ha constatado que "las detenciones arbitrarias continúan", y que en la zona persiste "fuerte presencia policial y un ambiente generalmente represivo".

Además, asegura que los debidos procesos criminales "no se están siguiendo de forma consistente para todos los detenidos".

En concreto, "el derecho a un juicio justo y una defensa no se respetan regularmente", ni tampoco el de conocer los cargos que se presentan contra muchos de los detenidos en Gdam Izik.

Las "pruebas fraudulentas" y las "confesiones coaccionadas" son frecuentes en los procesos, en los que varios individuos debieron firmar documentos que no les permitían leer, según el centro.

Los testigos entrevistados por el centro denuncian además "condiciones inhumanas" en la Prisión Negra de El Aaiún, con asaltos, intimidación, insultos y amenazas, además de la retención de alimentos y medicinas enviados a los presos por sus familias.

El informe recoge historias sobre las "heridas graves" causadas por las apretadas esposas de plástico utilizadas en la prisión, sobre un prisionero herido con una bala de goma y sobre otro al que se priva de su medicación para el asma.

También constata notables restricciones a la libertad de expresión y asociación, especialmente por parte de las organizaciones pro derechos humanos, cuyos activistas sufren en muchos casos represión y cuyas manifestaciones se ven dispersadas por la extrema presencia policial.

En sus encuentros con funcionarios del Gobierno para presentar estas denuncias, los miembros del Centro RFK recibieron "respuestas inconsistentes" y vieron todas sus acusaciones negadas.

La organización considera, por tanto, que la situación en el Sáhara Occidental "necesita una supervisión neutral e internacional constante, con un mecanismo que exija la toma de responsabilidad por parte de los actores estatales".

Para ello, recomienda establecer una fuerza internacional que supervise el cumplimiento de los derechos humanos.

Además, pide que se permita a movimientos nacionales como el impulsado por Haidar, CODESA, registrarse como organizaciones no gubernamentales -algo que se le ha impedido hasta ahora-, y que se autorice el acceso a organizaciones internacionales.

Por último, exige una "investigación íntegra e imparcial" de los sucesos del 8 de noviembre en El Aaiún.