El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomará declaración como testigo el próximo 10 de marzo a la activista saharaui Aminatu Haidar en la querella en la que investiga a varios altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara Occidental.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han señalado que Ruz tomará declaración el 9 y el 10 de marzo a otros trece testigos, todos ellos saharauis que han sufrido la represión marroquí y que en la actualidad residen en los campamentos de refugiados del Tinduf, en territorio argelino.

En enero del año pasado, el juez Baltasar Garzón -que entonces todavía ocupaba el Juzgado Central de Instrucción número 5- cursó una comisión rogatoria a Argelia para poder interrogar allí a los trece refugiados saharauis.

Finalmente, sin embargo, se ha decidido que los testigos viajen hasta Madrid ante los problemas jurídicos que presentaba el hecho de que España no reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), a cuyos dirigentes habían remitido a Garzón las autoridades argelinas.

Investigan a trece altos cargos marroquíes por genocidio y torturas

Garzón se declaró competente el 30 de octubre de 2007 para investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sáhara en relación con la desaparición de cientos de saharauis, denunciada por varias asociaciones de Derechos Humanos, y un mes y medio más tarde, el 17 de diciembre, admitió a trámite la querella que habían presentado.

Los principales altos cargos marroquíes investigados son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura. A Ben Hachem también se le acusa de haber secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia a la que dio "orden de torturarla".

También destacan Said Ouassou, supuesto responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis en El Aaiún entre 1976 y 1978; Abdelhak Lemdaour, presunto responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones; Moustafa Hamdaoui, dirigente del cuartel de la gendarmería en Tan Tan en 1981; y Dris Sbai, quien presuntamente dirigía las operaciones de secuestros y torturas.

El resto son Ben Hima, Ayachi, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, quien formó parte de la brigada criminal en El Aaiún; Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid, todos ellos relacionados con la detención y torturas a El Ghalia. Los querellantes, asociaciones pro saharauis y de Derechos Humanos, aseguraban en su escrito, presentado el 14 de septiembre de 2006, que el número de saharauis desaparecidos desde 1975 era de 542.