Un informe de Amnistía Internacional insta a la ONU a otorgar a la Minurso (Misión de la ONU para el Referéndum en el Sáhara Occidental) un mandato que incluya un mecanismo de vigilancia e investigación sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Amnistía precisa que tal protección de los derechos de los saharauis deberá hacerse efectiva tanto en los territorios bajo control de Marruecos como en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), administrados por el Frente Polisario.

La Minurso es la única misión de Naciones Unidas que no tiene un mandato sobre derechos humanos. Establecida en 1991 con la firma del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, su mandato se renueva cada año. El actual expira el 30 de abril de 2011.

Se trata de una de las conclusiones que contiene un informe de la organización internacional de defensa de los derechos humanos sobre el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, el pasado 8 de noviembre, y los acontecimientos que tuvieron lugar en El Aaiún en los días posteriores.

El documento, casi 30 páginas con fotografías, exige a Marruecos que lleve a cabo una investigación para que los responsables de infligir torturas y malos tratos a decenas de saharauis detenidos "sean perseguidos de acuerdo a los estándares internacionales de justicia" y que tome medidas para que los "arrestados sean totalmente protegidos contra la tortura y otros maltratos".

Amnistía Internacional (AI) pide también a Rabat que haga públicos los nombres de aquellas personas que están detenidas y que revele los cargos de los que se les acusa. Entre los saharauis arrestados durante la represión que tuvo lugar tras el asalto a Gdeim Izik se encuentran cinco activistas de los derechos humanos saharauis.

La organización señala la necesidad de asegurar el derecho de "todos los saharauis a la libertad de expresión, asociación y asamblea; y garantizar que aquellos que expresan pacíficamente sus puntos de vista a favor de la autodeterminación no se enfrenten a represalias".

El dossier que hoy publica AI contiene las informaciones que ya adelantó a ELMUNDO.es hace tres semanas. Constata que hubo torturas generalizadas a los saharauis detenidos (violaciones incluidas), que las autoridades no informaron a las familias sobre la situación de los detenidos, que se emprendieron ataques a propiedades y viviendas de saharauis por parte de los uniformados y de colonos marroquíes. Documenta, además, que varios saharauis sufrieron heridas de bala.

Todo ello, bajo la total impunidad de las fuerzas de seguridad ante tales abusos. "Hasta la fecha, AI no tiene noticia de que se hayan tomado medidas por parte de las autoridades de Marruecos para poner en marcha una investigación y asegurar que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de los asaltos fuera de la ley y otros abusos rindan cuentas ante la justicia", reza el texto.

Los investigadores señalan que "el desmantelamiento del campo por parte de las fuerzas de seguridad (marroquíes) fue acompañado por una considerable violencia", pero también ponen de manifiesto que entre los saharauis "había una clara y seria resistencia por parte de algunas personas presentes en el campo, con el resultado de nueve miembros de las fuerzas de seguridad muertos a manos de manifestantes saharauis, en circunstancias que aún deben ser aclaradas, aunque en algunos casos murieron por heridas de arma blanca". En los días posteriores habría que añadir otros dos gendarmes marroquíes muertos. Por la parte saharaui, AI documenta la muerte de dos civiles en los incidentes.