"Las fuerzas de seguridad marroquíes golpearon reiteradamente y cometieron abusos contra los personas detenidas tras los disturbios del 8 de noviembre de 2010 en la ciudad de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental(...) Las autoridades marroquíes deben acabar inmediatamente con estos atropellos y efectuar una investigación independiente sobre dichos abusos".

La organización internacional de vigilancia de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), la única que ha podido llevar a cabo una investigación fiable sobre lo sucedido en El Aaiún tras el desmantelamiento del Campamento Dignidad, ha dejado poco resquicio a la duda sobre la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes desde el 8 de noviembre. En el documento titulado Sáhara Occidental: palizas y abusos de las fuerzas de seguridad marroquíes, HRW documenta que los miembros de estos cuerpos de seguridad, que "atacaron directamente a los civiles", impidieron luego que varios heridos saharauis recibieran tratamiento.

Las normas internacionales de derechos humanos, empezando por el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecen que todo ser humano tiene derecho a recibir asistencia médica. Máxime si está herido, como era el caso de los saharauis que se acercaron al hospital Moulay Hassan Ben Meh-di el día del desalojo. Pero al llegar allí, según los testimonios que ha recogido la organización, se encontraron con agentes marroquíes que les cerraron el paso.

"Los policías impidieron el acceso al principal hospital civil en El Aaiún durante casi todo el 8 de noviembre [el día del desalojo]. En algunos casos, asaltaron a los civiles saharauis que habían acudido para recibir tratamiento para sus heridas. Un trabajador del hospital relató a HRW que presenció un ataque en el que los policías rompieron las ventanillas de un taxi que había transportado al hospital a tres saharauis heridos. "Los agentes golpearon después a los heridos y al taxista, al que al final dejaron ir, mientras que los tres hombres fueron detenidos", precisa el informe.

El miedo a que la policía hiciera de los hospitales una trampa hizo que "varios saharauis que habían sido golpeados declararan que no habían acudido al hospital para recibir tratamiento por temor a los policías que estaban allí".

"Las fuerzas de seguridad tienen derecho a usar una fuerza proporcionada para prevenir la violencia y proteger la vida humana", admite Sarah Leah Whitson, directora para Magreb y Oriente Próximo de Human Rights Watch.

Pero "bloquear el acceso de saharauis heridos en busca de tratamiento médico", o que "las fuerzas de seguridad marroquíes participaran con civiles marroquíes en ataques de represalia contra civiles y sus domicilios", prosigue el documento, "no puede ser visto como un uso legítimo de la fuerza para prevenir o detener los actos violentos de algunos manifestantes".

En su informe, algunos de cuyos datos ya fueron adelantados la semana pasada, HRW no se pronuncia sobre la posible cifra de muertes en la capital saharaui. La organización se limita a subrayar que no ha hecho un cálculo propio de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes y de civiles muertos. Luego se remite al número de once agentes marroquíes y dos civiles saharauis (uno es el español Baby Hamday Buyema), precisando que se trata de cifras de "las autoridades marroquíes".

Lo que sí queda claro en el documento es que los abusos de las fuerzas de seguridad marroquíes no cesaban ni cuando alguno de los detenidos perdía la conciencia.

Durante su investigación, HRW entrevistó a siete saharuis que fueron detenidos, de los que sólo cuatro aceptaron que se revelara su identidad: "Todos alegaron que la policía les sometió a maltratos mientras estaban detenidos y que, en algunos casos, los golpearon hasta dejarlos inconscientes, les arrojaron orina y los amenazaron con violarlos", asegura HRW. La organización ha hablado con los abogados de un detenido que sigue bajo custodia, que han denunciado que su cliente fue violado.

"Las familias de los detenidos dijeron a HRW que las autoridades marroquíes no les avisaron de que sus allegados habían sido detenidos durante varios días y que, el 23 de noviembre, aún no les habían permitido visitarlos, mientras que los abogados tuvieron acceso a ellos por primera vez ese día", deplora el informe.

Entre las alegaciones de muchos saharauis que ahora confirma este documento destaca también una: que las fuerzas de seguridad participaron, junto con marroquíes, en saqueos de casas saharauis. En una de ellas, encontraron a siete hombres escondidos. Según su relato, uno de ellos resultó herido de bala en una pierna. También aseguran que los policías les agredieron con material antidisturbios e incluso con una bombona de gas. Cuando el representante de HRW visitó la casa, "el techo y los muros estaban manchados de sangre".