El Ministerio Público tiene conocimiento extraoficial de supuestas instrucciones confidenciales para policías y funcionarios de Extranjería

El fiscal Fábrega señala una política “cada vez más escorada hacia intereses marroquíes”

Jaén/14 junio 2010/ J.E.P.- La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Jaén tiene «sospechas» de que pudiera haber órdenes secretas del Gobierno a la Oficina de Extranjería y al Cuerpo Nacional de Policía -supuestas instrucciones que «trascienden a esta provincia», dice la Memoria de la Fiscalía de Jaén hecha pública recientemente- de mano dura con los ciudadanos saharauis, a los que se está abriendo expediente de expulsión cuando acuden a Extranjería en Jaén para pedir permisos de residencia en España.

A Fiscalía comenzaron a llegar quejas de abogados que protestaban por la detención de sus clientes saharauis cuando iban a pedir autorizaciones de residencia por arraigo social. La documentación la tiene que presentar personalmente el interesado. Pero se la inadmitían al estar el solicitante en situación irregular en ese momento, lo que conlleva la detención y conducción a la Comisaría para tramitar el expediente de expulsión (que luego resulta imposible de ejecutar, apunta el Fiscal). En la Oficina de Extranjería de Jaén hay Unidad de Policía (cosa que según apunta Fiscalía sólo ocurre en otra provincia más). «Esto se da en un entorno de rigidez con los saharauis provocado por una reacción ante la desautorización de las autoridades nacionales de una cierta política de mano ancha que se llevó a cabo en esta provincia y en una política al respecto de nuestro país cada vez más escorada hacia los intereses marroquíes», dice el documento que firma el fiscal Carlos Fábrega.

En 2006, según datos oficiales de la Subdelegación se recibieron 1.439 solicitudes, de las que se concedieron 559 arraigos. En mayo del año siguiente había que sumar otros 263 y otros 268 en trámite. El grifo se ha cerrado ahora. Técnicamente, el motivo de las inadmisiones «es el no presentar la inscripción de nacimiento de sus padres en el Registro Civil central en el que figure la anotación de la sentencia favorable a la nacionalidad española de origen del mismo. Hasta ahora bastaba acreditar con cualquier documento que el padre nació en el Sahara siendo esta colonia española, tesis esta que es la unánimemente aceptada por los tres juzgados de lo contencioso administrativo de la localidad», dice Fábrega. Las cosas han cambiado. Ahora los detienen.

Fiscalía se ha reunido con la Subdelegación del Gobierno en Jaén para tratar el tema. «La inexistencia de argumentos claros así como la sospecha de que hay órdenes que trascienden a esta provincia (hemos leído en prensa la existencia de una circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería que con un carácter de absoluta confidencialidad incluso para jueces y fiscales puede incidir en esta materia) hace que no hayamos podido eliminar esta práctica que si bien pudiera ser legal no nos parece la más adecuada», afirma Fábrega.