El comunicado oficial firmado tras la cumbre por los gobiernos de España y de Argelia incluye un párrafo en el que se califica de "prioritario" el arreglo del conflicto del Sáhara Occidental, y en el que el Ejecutivo español acepta incluir que toda solución debe garantizar "el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui".

Esta rotundidad se echó de menos en la nota que Moncloa emitió cuando la activista Aminetu Haidar pudo volver a casa. Entonces, la nota del Gobierno español "constataba" que "la ley marroquí se aplica en el territorio del Sáhara Occidental", una afirmación que el PP, IU y el Frente Polisario --que tiene en Argelia su principal valedor-- criticaron con dureza.

Zapatero ya decantó la balanza hacia Rabat en el 2007 cuando, en una visita oficial a Marruecos, apoyó el proyecto de autonomía que el Gobierno marroquí tiene pensado para el Sáhara. El rey Mohamed pronunció la semana pasada un discurso en el que anunció "la modernización" del Estado marroquí, una renovación que pasa por regionalizar el país.