Rosa Diez pide en el Congreso el reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui

La diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha registrado una iniciativa en la que se pide la prohibición de cualquier iniciativa adoptada por Marruecos para perpetuar la ocupación ilegal del territorio del Sáhara occidental y denuncia las contradicciones de la política exterior española.

Madrid, 10 de noviembre de 2009.- Rosa Diez, diputada de Unión Progreso y Democracia, UPyD, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para apoyar el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, como condición inexcusable para cualquier solución pacífica del problema del Sáhara.

En la iniciativa, se pide la prohibición de cualquier iniciativa adoptada por Marruecos para perpetuar la ocupación ilegal del territorio del Sáhara occidental -aprobada por la Ley 40/1975-, se reconoce a las autoridades del RASD como legítimas representantes de este pueblo, se rechaza el uso de la fuerza como fórmula para la resolución del problema saharaui y se insta al desarrollo activo de una política de ayuda al desarrollo del pueblo saharaui.

Según el texto de la iniciativa, a pesar de que la Ley 40/1975 es el único texto legal que trató de legalizar, de un modo general, las actuaciones que realizó el gobierno español en relación con la descolonización del Sáhara Occidental, incluidas las medidas negociadas, entonces, ni ahora, se recogió expresamente el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui constituyendo una grave omisión cuyas consecuencias jurídicas y políticas siguen vigentes.

Y, aunque el Estado español mantiene el reconocimiento del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación como un principio jurídico esencial para la solución del conflicto sahariano-marroquí, no siempre la política exterior española se ha desarrollado de acuerdo con dicho principio e, incluso, como ha ocurrido en los últimos años, ha incurrido en claras contradicciones

Así, en los últimos años, las declaraciones y actuaciones del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, lejos de ser respetuosas con el derecho del pueblo saharaui a su libre determinación se han mostrado abiertamente favorables a las tesis de Marruecos, generando una política de injerencia en el proceso negociador contraria a los principios y a las normas del derecho internacional.

Precisamente porque esta deliberada y calculada política de hechos consumados está comprometiendo los principios y la credibilidad de la política exterior española, resulta imprescindible limitar los principios que no pueden ser conculcados por las declaraciones o actuaciones del Gobierno español, al tiempo que se restaura la responsabilidad histórica, jurídica y política adquirida con el pueblo saharaui.