Desde CEAS-Sáhara, y en nombre del movimiento solidario que en España hace causa común con la lucha del pueblo saharaui por su dignidad colectiva y el derecho a decidir libremente su futuro y el total reconocimiento político por parte de la comunidad internacional, queremos saludar como una significativa muestra de avance hacia la clarificación de este contencioso el informe elaborado por el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara, realizado tras la visita a la zona por una delegación de parlamentarios a finales del pasado mes de enero.

Entendemos que su contenido, que no hace sino refrendar algunos de los términos más dramáticos de otro informe confeccionado por la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch, confirma la permanente violación de los derechos humanos de la población saharaui por parte de las autoridades marroquíes ilegítimamente ocupantes del Sáhara Occidental; una dramática situación de gravísimas consecuencias para la realidad de la zona y la misma resolución del conflicto, que lleva a los responsables de dicho informe a solicitar la intervención de la Unión Europea ante la ONU para que la MINURSO (Misión Internacional de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) pueda asegurar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Es la primera vez, y así queremos subrayarlo, que una Institución parlamentaria de ámbito europeo reconoce el abuso constante al que se viene sometiendo y se somete a la población saharaui en base a la vejación personal, las violencias y las torturas físicas, las detenciones y los juicios arbitrarios, que buscan la intimidación y el silenciamiento político de quienes no hacen sino defender de forma pacífica sus más que legítimos derechos y aspiraciones.

Desde nuestra inequívoca posición, nos unimos a dicho requerimiento instando al Estado español y a su Gobierno, así como al resto de fuerzas políticas y sociales,  a que se impliquen efectivamente en ser garantes y defensores de la justicia para el Sáhara Occidental y hagan gestiones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que éstas asuman la protección de los derechos humanos en el Sáhara, reformando el mandato de la MINURSO en dicho sentido. Una valoración como la explicitada en dicho informe entendemos que debería de provocar una nueva reflexión en el Parlamento Europeo y llevarlo a condicionar la aprobación del “Estatuto Avanzado” para el Reino de Marruecos, actualmente sometida a trámite, en un sentido propicio a la defensa del respeto de los derechos humanos de la población saharaui y sin que su futura aplicación implique, en ningún grado, a los habitantes, las tierras o los bienes del Sáhara Occidental cuya soberanía sigue actualmente en litigio.

Al ver por primera vez el reflejo en un informe institucional de las denuncias de las que nos hemos venido haciendo eco desde hace años, creemos llegada la hora de que la política de los hechos se ponga, en este como en otros contenciosos, al lado del reconocimiento de la justicia, de la defensa del agredido frente al agresor y por el respeto a los legítimos derechos a una descolonización del territorio aún pendiente.