Después de más de treinta años, seguimos teniendo una deuda histórica con nuestros compatriotas, hacinados en Tinduf a la espera de que se celebre un referéndum auspiciado por la ONU y demorado tantas veces por Marruecos. Hemos olvidado que el hecho de pertenecer a una misma nación no implica únicamente derechos sino también obligaciones (como en el famoso tema del trasvase del agua).

Pero parece que esa deuda histórica, como ocurre tantas veces, ha sido asumida por el pueblo pero no por los políticos. Así, en Canarias, el presidente de la Comunidad Autónoma, Paulino Rivero, recibió a Radam Messaud, miembro del Consejo Real para Asuntos del Sahara Occidental, creado por el gobierno alahuí para la resolución del conflicto del Sahara, declarándose como legítimos interlocutores del pueblo saharaui, en detrimento del Frente Polisario, quien señaló que «Canarias es un gran modelo y un referente» para la autonomía saharaui. Como si nada. No sé que hubiera ocurrido si Berlusconi hubiera recibido a Josu Ternera como legitimo interlocutor del pueblo vasco. El Frente Polisario no tardó en señalar que «Canarias no está bajo la ocupación ilegal de ninguna potencia extranjera, como sucede con el Sáhara y la ONU manifiesta en sus resoluciones desde 1975, sino que forma parte de un Estado del que nadie cuestiona internacionalmente su soberanía, mientras que el Sáhara nunca ha sido marroquí y, precisamente por eso, es por lo que el asunto está en la ONU».

Por otra parte, en Córdoba, la secretaria del Registro Civil, Rocío Montes y la magistrada, Blanca Ponzón, poniendo en practica la geografía e historia aprendida en el colegio, entienden que el Sáhara era una provincia española y que sus ciudadanos eran españolas, y que el proceso de descolonización incurrió en graves irregularidades, por lo que ha 'concedido' (yo diría mas bien devuelto o reconocido) la nacionalidad española a seiscientos saharauis. Hasta que ha llegado el fiscal ¿enviado por quien? y ha suspendido todos los expedientes, los cuales serán revisados de nuevo por defectos de forma (falta de empadronamiento de los interesados en el lugar del Registro Civil). No hay que olvidar que para perder la nacionalidad española, hay que renunciar expresamente a ella, como señala el artículo 24 del Código Civil.

Yo tengo depositadas mis esperanzas en Miguel Ángel Moratinos, por su trayectoria como diplomático especializado en los conflictos palestino y saharaui, para que se finiquite el problema del Sahara o para que al menos se celebre el tan ansiado referéndum. Pero parece que al gobierno español le importe más el peñón de Perejil, que la vida de miles de personas que son españoles o descendientes de españoles.

Fuente: Ideal