El conflicto entre Repsol YPF y Gas Natural con la empresa pública argelina Sonatrach, a raíz de la resolución del contrato que unía a las tres compañías para explotar el proyecto Gassi Touil, se gestó hace meses.

La subida de los precios de la materia prima, el endurecimiento de la tributación sobre la producción de gas y la cuestionable rentabilidad del proyecto han sido tres de los factores que, aderezados con una más que cuestionable relación diplomática, han terminado de torpedear la más ambiciosa operación de la petrolera española en suelo africano.

La compañía controlada por Sacyr y La Caixa empezó a manifestar los primeros signos de intranquilidad a comienzos de este año (como adelantó EXPANSIÓN el pasado 20 de enero). Los responsables del grupo intensificaron los contactos con la Administración argelina para salvar la explotación de un yacimiento del que dependía la construcción de una gran planta de licuefacción, la construcción de un gasoducto y la comercialización del gas en España. El resultado de las conversaciones fue insatisfactorio a tenor de los acontecimientos.

La clave estaba en el Retorno de los 5.138 millones de euros de inversión que requería el proyecto. Para Repsol, el yacimiento se convirtió en una operación menos lucrativa de lo inicialmente calculado, sobre todo, después de varias decisiones arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo de Buteflika: el aumento de la fiscalidad sobre las exportaciones de las materias primas y las ansias de control por parte de Sonatrach.

La visita oficial de los reyes de España a Argelia, en marzo de este año, y las recientes concesiones del Ministerio de Industria a Sonatrach (comercialización directa de gas en España y mayor participación en el nuevo gasoducto Medgaz) aparcaron temporalmente la crisis, cuyo desenlace, ahora, depende del tribunal de arbitraje de Ginebra, encargado de cuantificar los daños si la resolución es favorable a los intereses españoles.

Ayer, el Gobierno español y los socios de Repsol reaccionaron con cautela. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, señaló que “hará todo lo posible para lograr un entendimiento”, aunque puntualizó que, en todo caso, es un problema entre empresas. El presidente de Criteria Caixa, Ricard Fornesa, manifestó que la crisis “se reconducirá a corto plazo”.

La reacción desde Argelia se hizo esperar. Es probable que el titular de Energía, Chakib Jelil, salga en defensa de Sonatrach, de capital público. Su homólogo español, Joan Clos, afirmó ayer que “está ayudando a que este conflicto se resuelva favorablemente”.
Una de las principales preocupaciones es que el conflicto tenga consecuencias sobre la seguridad del suministro energético entre Argelia y España o retrase el desarrollo del nuevo gasoducto.

La pérdida del contrato repercutió ayer sobre la cotización de Repsol y de Gas Natural. La petrolera bajó un 0,42%, hasta los 26,34 euros por acción. La gasista encabezó los recortes del Ibex 35, con un retroceso del 2,02%, hasta los 37,83 euros por título. Sacyr, primer accionista de Repsol, cayó un 0,48%, hasta los 28,78 euros.

Temor al contagio
Entre el abanico de causas manejadas para justificar la ruptura entre Sonatrach y Repsol YPF sobresale el escaso bagaje diplomático del Gobierno español, sobre todo a raíz del posicionamiento de José Luis Rodríguez Zapatero en el conflicto que enfrenta a Argelia y a Marruecos por el Sahara Occidental. En términos económicos, Argelia es una pieza clave por la manifiesta dependencia energética de España. El gas es el eje de las relaciones bilaterales entre ambos países, pero no es el único foco de interés de las empresas españolas, que esperan que la resolución de la crisis se realice con el menor coste posible.

Las grandes constructoras españolas se han convertido, en los últimos cinco años, en los principales suministradores de tecnología para la desalación en Argelia. Sacyr, primer accionista de Repsol, participa a través de su filial de medioambiente en la concesión de una de las mayores plantas de desalación del país.

OHL, la primera compañía de la Unión Europea adjudicataria de una empresa pública (Fertial) en el proceso de privatización iniciado por el Gobierno argelino, tiene actualmente un compromiso de inversión de 1.000 millones de dólares para la construcción de la mayor fábrica de amoniaco del mundo. Todo ello, sin contar los contratos de obra civil y la posibilidad de participar en el proyecto de tren de alta velocidad argelino.

C. Morán

Fuente: Expansión