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Zapatero pone en escena el segundo acto de los acuerdos de Madrid

Enviado el Miércoles, 25 de abril de 2007, a las 17:46:42
Tema: Opinión - Enviado por webmaster10
OpiniónGEES

Por Ana Camacho
Colaboraciones nº 1654 | 24 de Abril de 2007

Días antes de que Marruecos presentase oficialmente en Nueva York el plan para zanjar el conflicto del Sáhara Occidental, ya había cundido la perplejidad entre altos funcionarios de Naciones Unidas. Ni siquiera allí se explican la ofensiva diplomática española en apoyo de una iniciativa que contiene elementos propios del segundo acto de los llamados acuerdos de Madrid con los que el último gobierno del dictador Franco entregó, en 1975, el pueblo saharaui al expansionismo marroquí. ¿"Es que Zapatero no se ha dado cuenta de que las resoluciones de la ONU y el plan de Marruecos no son lo mismo?", indagaban. "¿Es que no saben en Madrid que la propuesta de Rabat no contempla el derecho a la autodeterminación y, por lo tanto, viola el derecho internacional?" Y es que no parece propio de un acérrimo enemigo de las guerras ilegales rematar, más de treinta años después, la faena contra el derecho internacional que los hombres del Caudillo, y no por falta de ganas, dejaron a medias.
En la ONU, sin embargo, tienen toda la documentación necesaria para saber adonde le lleva a Zapatero ese camino que, ya en 1975, puso el Magreb en llamas con una guerra regional que traspasó las fronteras de la colonia española con los países vecinos. Por ejemplo, el informe que el secretario general de la ONU hizo al Consejo de Seguridad de la ONU en abril de 2006 dejó muy claro porqué la iniciativa de Rabat es incompatible con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui al afirmar que: "El Consejo de Seguridad no podía invitar a las partes a negociar sobre una autonomía del Sáhara bajo soberanía de Marruecos, ya que ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, cosa que estaba fuera de cualquier consideración dado que ningún Estado Miembro de las Naciones Unidas había reconocido dicha soberanía". Por lo tanto, instar a los saharauis a que acepten la autonomía y a la vez declarar, como hizo Zapatero en Rabat, que "España lo que quiere es que se pueda alcanzar la autodeterminación del pueblo saharaui", es una obvia falacia.

Negar la evidencia, como pretenden hacer Zapatero y Moratinos, es la única vía de salvación para no abrir un nuevo frente a un electorado acosado por la duda. Ya no se trata sólo de despistar a esa bolsa de votantes que cada verano acoge en sus casas a 35.000 niños de los campamentos de refugiados saharauis. La certeza de que su partido
agitó la campaña del no a la guerra por defender la legalidad internacional se ha convertido en uno de los poco refugios seguros para quienes siguen resistiendo al desgaste moral de los muchos agujeros negros de la política de los actuales dirigentes socialistas.

Privarles del alivio que siguen encontrando en la ilusión de que su voto, aunque no resuelva los problemas de España, al menos contribuye a la paz mundial, podría sacudir peligrosamente el andamiaje con el que Zapatero mantiene su pretendida superioridad moral frente a la mentira del PP.

El recuerdo de la traición con la que la camarilla del presidente de Gobierno Arias Navarro convirtió la invasión marroquí del Sáhara en un paseo militar está todavía demasiado presente en el subconsciente de los españoles. Aquello no sólo se vivió como un crimen contra un pueblo inocente entregado a sus enemigos sino como la señal, en clave de política interna, de un temible reforzamiento del bando franquista que intentaba cerrar el paso a los que, dentro del régimen, apoyaban el reformismo. La fea mancha que la traición saharaui dejó todavía provoca una repugnancia que supera con creces la vergüenza de la llamada guerra de Aznar en Irak, que con tanta eficacia se esgrime desde el PSOE para dejar en su sitio a los contrincantes del PP tanto si se habla de Irak, como si se debate sobre el País Vasco o la Opa de Endesa. Con una audiencia refractaria al realismo político, no es fácil convencer de que lo que en manos de los hombres del Caudillo fue una "traición" y una "venta innoble", pueda convertirse en una buena causa si la perpetra un reputado pacifista.

Para rodear el escollo y, a la vez, contentar las exigencias del rey Mohamed, Zapatero ha adoptado una estrategia verbal a base de términos y frases equívocas que convierten la verdad en un complejo acertijo.

Así por ejemplo, cuando sus dirigentes se refieren a la iniciativa marroquí se cuidan en resaltar su carácter novedoso, como para que no queden dudas de que la parte marroquí ha cumplido con su parte renunciando al no rotundo y que ahora le toca ceder a los saharauis.
Constituye en sí un dictamen a favor de la supuesta buena voluntad marroquí.

En realidad, la propuesta de autonomía no es ninguna novedad. Ya en 1988, el padre de Mohamed VI anunció a bombo y platillo un proyecto federalista, esa tercera vía que pretendía ser la panacea para lograr una solución "sin vencedores ni vencidos". El propio ex secretario de Estado de EEUU, James Baker, tuvo entre las manos esta alternativa cuando, en el año 2000, volvió a intentar una mediación desde el puesto de enviado especial para el Sáhara Occidental del secretario general de la ONU, Kofi Annan. Su primer problema, sin embargo, no fue el rechazo del Frente Polisario sino las dificultades para que los hombres del rey Hassán II concretasen una propuesta que, hasta entonces, habían aireado como una vaga promesa: que si iba a ser muy amplia, que si su modelo iban a ser los lander alemanes, que si incluso estaban dispuestos a seguir el ejemplo español… Lo que nunca se explicaba era cómo pensaban conjugar en Rabat esas propuestas con las estructuras feudales del majzén.

Cuando, tras cierto esfuerzo, Baker logró un desarrollo escrito, cómo sería el resultado que el veterano diplomático, todavía prisionero de la tradicional simpatía promarroquí que reina en Washington, lo calificó de insuficiente. Fue ahí cuando Baker empezó esa metamorfosis que acabó convirtiéndolo, a ojos del Gobierno marroquí, en un peligroso propolisario.

Ahora, por fin, la autonomía ha cobrado forma y, al parecer, lo que hay que celebrar es que la monarquía alauita, temerosa de que una descentralización con el Sáhara le obligue a hacer concesiones a otros nacionalismos, haya decidido demostrar que esa oferta que fue idea suya, no es un mero subterfugio. En cualquier caso, lo que se omite con ello es que el sujeto de derecho en la cuestión del Sáhara es el pueblo saharaui y no Marruecos. Por lo tanto, el Frente Polisario podrá tener el detalle de admitir esta propuesta en un referéndum junto a las infinitas posibilidades que concede la creatividad
política (también podría incluir otra que acordase con España un proyecto de asociación, por ejemplo); pero, como una más junto a la única que es requisito ineludible de la autodeterminación: la opción a la independencia.

En lo sustancial, la postura marroquí no se ha movido un ápice. Su objetivo sigue siendo, igual que en 1975, ese referéndum confirmativo con el que le gustaría disfrazar de autodeterminación lo que no lo es.

Se trata, una vez más, de buscar argucias para legitimar la ocupación sin tener que pasar por ese referéndum que en su casa ganaría con el 99% de los votos a favor pero que, con garantías de limpieza, se plantea como un caso imposible.

La auténtica novedad en el conflicto del Sáhara está en que ahora España esté dispuesta a colaborar en un juego de ilusionismo que pretende hacer pasar un referéndum para aprobar o rechazar la autonomía (otro referéndum) por el referéndum, el auténtico en la cuestión, el que de acuerdo a derecho no puede omitir la independencia. Las circunstancias, por lo visto, no sólo convierten técnicamente a Zapatero en un neofranquista en lo que se refiere al fondo del problema del Sáhara sino, también, en las tácticas con las que disimular ante su propio electorado.

Cualquier iniciado en el dossier del Sáhara sabe que el equívoco terminológico ha sido una de las armas favoritas de Marruecos y sus aliados que, en 1975, era lógico abundasen en los sectores más abyectos del franquismo, tradicionalmente volcados con un régimen afín y con el que mantenían vínculos poderosos que hundían sus raíces en el
numeroso voluntariado marroquí que en la Guerra Civil se alistó en la rebelión militar contra la República.

El gran triunfo de esta estrategia marroquí de la confusión fue que una invasión a sangre y fuego pasase a la historia con el benévolo eufemismo de la marcha verde, evocadora de una paz y voluntad popular que, desde entonces, en el Sáhara Occidental, brilla por su ausencia.

El rey Hassán II también intentó por esta vía tergiversar la sentencia del Tribunal de La Haya que en 1975 reconfirmó el derecho a la autodeterminación saharaui. La benevolencia de las grandes potencias que entonces tuvo a su favor sólo le consintió que se sirviese de esta confusión para consumo interno. Por ello, en Marruecos, las versiones
oficiales siguen asegurando a su opinión pública que esa instancia internacional reconoció lo contrario, la marroquinidad del Sáhara, aferrándose a una alusión del largo dictamen que reconocía la existencia de vínculos religiosos entre un sector minoritario de las tribus saharauis y el sultán de Marruecos. Pero, hoy en día, hasta los escolares que hacen un trabajo sobre el Sáhara (siempre que no sea en un centro de Marruecos, claro está) saben que, además de aquella alusión, la sentencia dice, entre otras cosas, que: "…El Tribunal no reconoce la existencia de vínculos legales que pudiesen alterar la aplicación de la Res. 1514/XV de la Asamblea General de la ONU concerniente a la descolonización del Sáhara Occidental y, en especial, la aplicación en su territorio del derecho de autodeterminación con miras a asegurar a sus habitantes la posibilidad de expresar libre y francamente su voluntad".

Lo paradójico es que la diplomacia del Gobierno franquista que traicionó al pueblo saharaui y cometió un siniestro atropello a la legalidad internacional, defendió ejemplarmente ante el Tribunal de La Haya el derecho a la autodeterminación saharaui, desmontando, como sólo lo podía hacer la potencia colonizadora, los argumentos jurídicos y documentales con los que Marruecos había intentado una revisión de esta doctrina onusiana. Los amigos de Hassán II en el Gobierno no podían hacer otra cosa porque, como recordó entonces el embajador español ante la ONU, Jaime de Piniés, de acuerdo con la Carta de la ONU, "España está obligada a respetar la personalidad y voluntad del pueblo saharaui".

Esa defensa del derecho a la autodeterminación saharaui se mantuvo entre los diplomáticos españoles incluso después del anuncio de los acuerdos de Madrid, abriendo así una bifurcación entre las intenciones de los políticos, que habían firmado una declaración de principios que omitía la celebración del referéndum de la ONU, y la acción exterior que contribuyó a que la consulta libre y transparente volviese a relucir en las resoluciones de la ONU, como la condición ineludible para dar por concluido el proceso de descolonización, fuese cual fuese su desenlace (independencia o integración a Marruecos).

Quizás la conciencia liberal de la que presumía entonces buena parte de la casta diplomática, de la que surgieron importantes partidarios de la apertura democrática, hizo posible esa chirriante contradicción.

Quizás, simplemente, los incondicionales amigos de Marruecos no tuvieron más remedio que ceder ante el frente contrario de los profesionales de la diplomacia porque lo que les pedía el cuerpo (la entrega de la soberanía) no podía ser, de acuerdo a derecho. Marruecos todavía presionó, hasta la salida definitiva de los españoles del territorio, para que en Madrid se prestasen a su afición por los trucos de magia política dando cobertura a sus pretensiones de hacer pasar una votación de la Yemaa (la asamblea tribal saharaui) como la expresión de la voluntad popular saharaui. A los promarroquíes españoles, la mera entrega ya les había colocado en una difícil situación internacional e interna como para intentar ir más allá de la simulación de una transferencia de la administración que, todavía hoy, la ONU no ha reconocido.

Pretender que los españoles no se fijen ahora en la diferencia que separa el referéndum de la ONU del que propone Marruecos, aparenta un pecado de ingenuidad y optimismo propio del talante Zapatero. No hay peligro con quienes, aún habiéndole votado, han dejado de creer que en política exista esa línea divisoria neta entre el bien y el mal, buenos y malos, con la que los dirigentes de derecha e izquierda intentan mantener atrapada a la militancia incondicional. Por eso, adonde apunta la terminología adoptada por el presidente Zapatero y su equipo para camuflar el sentido de su política magrebí es a ese sector de sus votantes que, víctimas de esa adicción española a interpretar el mundo en clave de antagonismo ideológico, prefieren no perder la tranquilidad que da mantenerse fiel al principio de que, "como los míos son los buenos, todo lo que se oponga al enemigo, tiene que estar bien".

Es a ellos a los que, desde el PSOE, se bombardea con la idea de que la culpa de que no se logre la paz es de la postura "muy cerrada" que, como dice Elena Valenciano (Secretaria de Política Internacional del PSOE) tiene el Frente Polisario, obviando con sumo cuidado toda referencia al pulso que Marruecos le está echando a la ONU para impedir que se apliquen sus resoluciones. Palabra a palabra confían en que la lealtad partidista les permita desvirtuar ante estos votantes los auténticos ejes del conflicto del Sáhara. Por eso no es baladí que, a la hora de citar al Frente Polisario, los dirigentes socialistas ya no recurran a los términos "movimiento de liberación", ni a su condición de representante del pueblo saharaui, sino "al independentista" (a secas) Polisario, como sugiriendo una imposible homologación con la indeseable ETA.

El énfasis en perífrasis que rezuman solidaridad, oportunidad al diálogo, amor por la paz, el compromiso con una solución, busca el corazón de esos electores del PSOE que siguen considerando que cualquier torpeza del actual Gobierno debe ser perdonada con tal de que España no vuelva a ser arrastrada al fango de una violación del derecho internacional que asocian a un triunfo del PP. Acompañando esta retórica con otra que recalca la cooperación y la amistad con Marruecos como un apéndice lógico de su sensibilidad solidaria con los más necesitados, pretenden eliminar las dudas sobre los auténticos móviles de su política magrebí y convertir una cuestión de justicia en un elemento secundario y prescindible frente a la prioridad que tiene el triunfo de la paz.

Los firmantes de los acuerdos de Madrid recurrieron a una táctica similar en 1975. Ellos tenían que esquivar el peligro de que esa parte de la opinión pública con la que contaban para perpetuar la dictadura tras la muerte de Franco, descubriese a través de la pista saharaui hasta qué punto ese baluarte del bien de España que se atribuían en exclusiva no era más que la desesperada defensa de los privilegios de unos pocos. Para descalificar las voces de condena que se alzaron en sus propias filas, desviaron la atención de sus parroquianos a la naturaleza subversiva del Frente Polisario, a su alineamiento con la amenaza comunista del eje prosoviético, a las sospechosas simpatías que los saharauis contaban entonces entre los rojos españoles, al sanbenito de la antiespañolidad que se habían ganado con su lucha anticolonial…En Canarias, reforzaron sus argumentos de rechazo hundiendo el dedo en la llaga de la conexión saharaui a una supuestamente pérfida Argelia que había dado protección al independentismo de Cubillo.

Activando ese tipo de resortes que apelan al corazón anulando la lógica, lograron neutralizar el peligroso ejemplo dado por figuras como los coroneles Rodríguez de Viguri y José Ramón Diego Aguirre o el propio embajador Piniés, a los que el burka ideológico no les libró de sospechar que, enarbolando la bandera del bien supremo, unos pocos habían aprovechado para hacer caja a costa del pueblo saharaui. Las opiniones de estos tres guerreros solitarios tenían para los responsables del crimen mucho más peligro que las manifestaciones de los simpatizantes de izquierda que se movilizaron para pedir la nulidad de los acuerdos de Madrid: no los podían descalificar ante el resto de los fieles como sospechosos de connivencia con el "contubernio comunista".

Los acuerdos de Madrid fueron utilizados para simular ante los españoles que la entrega del Sáhara se había hecho de acuerdo a derecho y que había constituido un arreglo "milagrosamente" bueno para los intereses españoles. Eso sí, ni sus responsables ni luego el primer Gobierno de la monarquía osaron, como hubiesen debido hacer si hubiesen sido tan legales como decían, publicar esos acuerdos en el Boletín Oficial del Estado.

Mientras oficialmente siguieron asegurando que lo pactado en Madrid era una solución magnífica, trabajaron eficazmente entre bastidores para frustrar los movimientos con los que la diplomacia marroquí confió en poder lograr el reconocimiento internacional con ese simulacro de referéndum que perseguía manipulando una Yemaa bajo el control de sus pistolas. Semejante número acrobático sólo podía explicarse por el estrecho margen que quedaba entre el afán de los amigos del rey Hassán en Madrid por obedecer a sus exigencias y el peligro de un revolcón internacional que, la mera defensa de los acuerdos de Madrid, estuvo a punto de costarles.

Hombres como Arias Navarro y, antes que él Carrero Blanco, no tenían un gran aprecio por las Naciones Unidas y otros foros internacionales donde la dictadura española estaba siempre en el punto de mira. Pero, desde la Segunda Guerra Mundial, habían tenido que aprender, gracias a hombres como Piniés, que ponerse a la contra del derecho internacional, sólo llevaba a debilitar la acción exterior española y endurecer ese aislamiento que tanto beneficiaba a la oposición democrática. Los que desde 1975 no perdieron la esperanza de poner en marcha el segundo acto de la traición saharaui, han tenido que esperar a Zapatero, que tanto se jacta de no retroceder ante el mismísimo imperio yanki por amor a la ONU, para contar con un gobernante en España dispuesto a cruzar esa raya que ni siquiera los Arias Navarro se atrevieron a pisar.

Desde 1975, la derecha española no quiso volver a saber de un tema en el que, el mirar hacia otra parte, fue la mejor defensa de sus votantes contra el malestar que suele generar el sentimiento de culpa.

Entre los dirigentes, la cuestión del Sáhara se convirtió en un asunto que sólo manejaban (a favor de Marruecos) los pocos que sabían de "esas cosas", es decir, los herederos del pecado original de los acuerdos de Madrid. La mayoría, al igual que sus votantes, prefería no saber.

José María Aznar, en su segundo mandato, rompió con esta inercia indicando a sus compañeros de partido que la cuestión del Sáhara era, simplemente, un asunto de justicia. Pagó un precio muy alto por ello que sirvió en bandeja de plata además de la derrota del PP, el cuestionamiento de su liderazgo por los sectores de su partido que nunca aceptaron el conato de esa deriva proreferéndum de la ONU que el ministro Moratinos confunde con una peligrosa actitud propolisaria.

La supervivencia de esa línea es evidente en la intervención con la que ex el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué recordó al ministro Moratinos en el Senado, el pasado 21 de marzo, que la aceptación de una autonomía por parte del pueblo saharaui es una opción posible sólo "si hay una consulta democrática previa que permita observar todas las opciones para que el pueblo saharaui, a través de sus propias instituciones, pueda decidir libremente su destino". Sin embargo, no todas las manifestaciones procedentes de los demás dirigentes sobre el Sáhara alcanzan el auténtico meollo de la cuestión con una puntería tan certera. Las hay que presentan una preocupante sintomatología de lo endeble y vulnerable que todavía es en este partido el apoyo al referéndum. Ello explica la facilidad con que la terminología promarroquí de Zapatero y Moratinos ha calado incluso en las crónicas y comentarios de los medios considerados afines al PP con ese estilo coincidente con el que se marca al Frente Polisario como la parte "inflexible", empeñada en defender, con una postura "maximalista", el derecho a la "secesión".

El propio Piqué ha advertido sobre el poder deformador y los juicios de valor que acechan en ciertas palabras espolvoreadas en construcciones que aparentan asepsia objetiva. Secesión es otra muestra de este diccionario que, al optar por un término que entraña un juicio de valor (el que da por hecho que el Sáhara formó parte de Marruecos), dirige al oyente inexperto a la conclusión de que el Frente Polisario es víctima de una cabezonería irracional propia de un grupo que persigue el separatismo y no del cumplimiento del principio inalienable de autodeterminación reconocido por una doctrina onusiana a la que el propio Marruecos contribuyó a alumbrar.

El escaso eco de las recomendaciones del ex responsable de Exteriores de Aznar puede radicar tanto en esa indiferencia fomentada alevosamente durante años entre sus bases, como en el poder de los depositarios de esas viejas amistades cultivadas primorosamente en Rabat por el franquismo. En cualquiera de los dos casos, Zapatero debe estar agradecido. Su reciente gira a Canarias ha demostrado que hay amigos de izquierdas del pueblo saharaui que no están dispuestos a caer en la trampa de la que fueron víctimas los españoles que en los años setenta y ochenta prefirieron ignorar el primer acto de la traición saharaui. El nerviosismo que ello provoca explica esa reacción exagerada con la que allí se dio ejemplo contra la desafección en sus mítines castigando al portador de la bandera saharaui con una detención policial. Sólo le faltaba a Zapatero que en las manifestaciones a favor de la causa saharaui se produjese un fenómeno parecido, aunque en sentido inverso, al que ha llevado a votantes del PSOE a las concentraciones con banderas españolas. La aparición en el frente proreferéndum de simpatizantes del PP, le obligaría a renunciar al uso de la legalidad internacional como un efectivo complemento ideológico.

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