En relación con la evacuación de cooperantes de los campamentos de refugiados de Tinduf organizada por el Frente Polisario y el Gobierno saharaui, CEAS-Sáhara quiere precisar ante la opinión pública y los medios de comunicación lo siguiente:

1. La medida tiene carácter preventivo ante el incremento de la tensión en la zona, como consecuencia de las acciones de guerra llevadas a cabo en Mali, y para evitar tragedias como la producida la pasada semana en la planta de gas de In Amenas, cerca de la frontera argelina con Libia.
2. La repatriación de los cooperantes no ha sido total y absoluta ya que se ha optado por mantener la cooperación esencial y prescindir temporalmente de aquella ayuda necesaria que no sea considerada imprescindible en estas circunstancias.
3. Esta decisión, destinada a proteger la seguridad de los cooperantes y a prevenir posibles riesgos potenciales ante la proximidad de un escenario de guerra, no es en absoluto comparable a la que adoptó en su momento, con carácter autónomo, el Gobierno español. La coyuntura actual es claramente diferente, por su mayor peligrosidad, y la decisión afecta a los cooperantes de todas las nacionalidades y no es una  acción improvisada y unilateral como la que, en su momento, supuso la forzada retirada de los cooperantes españoles. Un suceso que consiguió la desestabilización y el desconcierto, en favor del Reino de Marruecos, todo lo contrario de lo que se busca en esta ocasión.
4. La resolución que se adopta no implica cuestionar la necesidad ni el valor de una cooperación que la población saharaui necesita para su propia subsistencia sino valorar, en primer término, la seguridad de los cooperantes y la situación potencial de riesgo.
5. La existencia de los campamentos de refugiados, objeto de la atención solidaria de la cooperación, es una consecuencia de la falta de decisión política de la comunidad internacional que sigue dilatando, ya por espacio de treinta y ocho años, la autodeterminación de la sociedad saharaui como paso imprescindible para la descolonización de su país. Una situación de la que es cómplice el Estado español al no asumir su papel legal como potencia administradora, de iure, del territorio.

De ahí que reiteremos la necesidad de que la comunidad internacional proteja los derechos de los y las saharauis y posibilite que expresen democráticamente su decisión libre y soberana. Y que se impida el abuso judicial que se comete con los presos de Gdeim Izik, más de dos años sometidos a detención preventiva, a quienes se intenta  criminalizar por su defensa de los derechos del pueblo saharaui, reconocidos legalmente por la ONU e ignorados por la ocupación militar de Marruecos, con un juicio militar el próximo 1º de febrero.