Casi tres años sin contestar una rogatoria

C. Guindal para El CONFIDENCIAL, 31/12/2012

El Gobierno marroquí se niega a colaborar con la Justicia española y hace caso omiso a los requerimientos de la Audiencia Nacional, que tiene abierta una investigación por el genocidio saharaui entre los años 70 y 80. Hace dos años y medio, el Juzgado Central de Instrucción número 5, que en su momento dirigía Baltasar Garzón, solicitó una comisión rogatoria preguntando a las autoridades del país norteafricano si estaban investigando estos hechos y, en caso de ser así, cuál era el resultado.

Según la doctrina que rige la justicia internacional, en el caso de que el país donde se haya cometido el delito ya tenga abierta una causa, este tiene preferencia y España debe cerrar la investigación.

 
El 4 de octubre de 2011 y el 9 de abril de 2012, el sustituto de Garzón, Pablo Ruz, envió dos nuevos recordatorios al Ejecutivo alauí, con un silencio por respuesta. Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 remitió una nueva comisión rogatoria reclamando de nuevo que se le informe de si se está investigando en Marruecos el genocidio saharaui, de si se ha notificado a los querellados de la causa, de si los presuntos implicados tienen causas abiertas en su país, y que se le ofrezcan datos oficiales sobre el número de víctimas en el Sáhara durante esas dos décadas y en el lugar de inhumación, según fuentes conocedoras del caso.

A día de hoy y a pesar de la insistencia del juez, la Autoridad Central marroquí se niega a contestar a la Justicia española boicoteando sus investigaciones. La clave de la cuestión son las personas querelladas y sus cargos. Son once altos cargos, entre los que se encuentran el general de la Armada marroquí, Housni Bensliman; el delegado general de la Administración Penitenciaria, Hafid ben Hachem, o el interventor general adjunto del director de la Policía Judicial, Brahim Bensami.

Con otra investigación abierta a Marruecos por un delito de lesa humanidad por la agresión policial en un campamento saharaui, que acabó con la vida de un español, sí ha contestado a las comisiones rogatorias remitidas por el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para informar que ya tiene abierta una causa y, por tanto, queda fuera de la competencia española. Concretamente, remitió un informe con doce causas abiertas por la muerte de Baby Handay Buyema, atropellado por un furgón policial, en el asentamiento de Gdeim Izik en noviembre de 2010. Eso sí, desde el 13 de enero de 2011, cuando se envió la comisión rogatoria, las autoridades marroquíes remitieron todas las diligencias practicadas por su Justicia en mayo de 2012, según las mismas fuentes.

Las relaciones diplomáticas con Marruecos son complejas. Cierto es que existe un convenio de colaboración entre España y Marruecos y que este debería entregar todos los datos que se le exigen a España. Sin embargo, existen otros intereses, sobre todo a nivel antiterrorista, que podrían ayudar a que el Gobierno español no le interese presionar ni actuar contra el país vecino.

En 2010, cuando se conoció el suceso del 'campamento de la dignidad', el fiscal general del Estado en ese momento, Cándido Conde Pumpido, pidió prudencia y recordó que uno de los querellados en esta causa, el que fuera ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, expresidente del Tribunal Supremo y exfiscal general en su país, "es una persona que ha colaborado mucho con nuestro país” en materia antiterrorista. Pumpido sostenía que antes de acusar había que tener pruebas fehacientes de que en los sucesos de El Aaiún se había producido un delito de genocidio, porque en esos momentos sólo había un muerto español.