Varios defensores de los derechos humanos de Francia, han pedido al rey de Marruecos la liberación de los presos políticos saharauis encarcelados en Salé, Marruecos, desde noviembre de 2010, fecha en que fue desmantelado por la fuerza el campamentos de protesta pacífica de Gdeim Izik, levantados por 30 000 saharauis que exigían sus derechos legítimos.

En un llamado urgente, los activistas franceses de la Asociación de Acción Cristiana para Erradicar la Tortura recuerdan que los presos políticos saharauis detenidos el día 08 de noviembre de 2010, son civiles y están siendo procesados ante un tribunal militar.

Señalan, citando uno de los abogados de la defensa, que la ley marroquí no les permite la posibilidad de presentar ninguna apelación ante el dictamen de la corte que será pronunciado en un juicio el próximo mes de enero.

Ante la posibilidad de presentar apelación al dictamen, los activistas franceses indican que "los 22 presos políticos saharauis están detenidos de forma arbitraria".

Según los testimonios recogidos por los abogados de los acusados,"al menos 13 de ellos fueron sometidos a torturas después de su detención por la Gendarmería en El Aaiún, Sahara Occidental, antes de ser trasladado a la cárcel de Salé, Marruecos".

Asimismo, señalan que "el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece, que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal debe ser presentada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y garantizar su derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad".

Al recordar que Marruecos ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura, la Asociación solicita al rey de Marruecos la "liberación inmediata" de los 22 detenidos.

También ha llamado al monarca marroquí cambiar el juicio de una corte militar a una civil por ser los civiles los acusados.

Por último, han pedido la apertura de una investigación sobre las denuncias de tortura y malos tratos de los acusados. (SPS)