La reciente decisión del Gobierno español de autorizar el rearme del ejercito marroquí mediante contratos que ascienden a un total de 200 millones de euros es un hecho de extrema gravedad, que deja al descubierto su hipócrita política en relación al Sáhara Occidental, en donde se pliega a los intereses de Marruecos, fortalece su régimen autocrático y, en contra de las resoluciones de la ONU, alienta el mantenimiento de la ocupación ilegal de un territorio que sigue pendiente de descolonización.

Desde CEAS- Sáhara queremos CONDENAR dicha política de acuerdos militares con Marruecos y HACER UN LLAMAMIENTO URGENTE a la opinión pública española, a sus instituciones y a sus organizaciones políticas y sindicales, y al propio Gobierno de España, para que se paralicen de inmediato dichos contratos militares, ya que constituyen un desafío a la paz y la seguridad en toda la región.

Además, queremos ADVERTIR de la cobertura que desde el Gobierno español se está brindando a los planes del Gobierno marroquí para consolidar su ocupación ilegal del Sáhara Occidental mediante un plan elaborado al margen de las resoluciones sobre descolonización establecidas por la ONU y la UA, DENUNCIAR cualquier propuesta en la que no se respete el ejercicio del derecho de autodeterminación conforme a dichos principios, que obligan a un referendum en el que, necesariamente, una de las opciones sea la de la independencia. Cualquier plan que no parta de dicha base estará abocado al fracaso y al estancamiento, pues no hará mas que alargar el conflicto al alejarlo de una solución política justa y duradera, incrementando la tensión en la zona y el sufrimiento de unos y otros.

Las reiteradas declaraciones del Gobierno español en favor del entendimiento entre las partes o las recientes manifestaciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, sobre el respeto del derecho a la autodeterminación de los saharauis no pueden ocultar que, lejos de la neutralidad que tantas veces proclama, el Gobierno se ha inclinado por rearmar al Ejército marroquí ante la posibilidad de un guerra en el Sáhara, así como por fortalecer la impunidad de Marruecos en un territorio en el que, según las resoluciones de la ONU, España no ha dejado de ser formalmente la Potencia Administradora.

Durante más de 30 años, Marruecos ha incumplido sistemáticamente las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental, se ha burlado descaradamente de la comunidad internacional al negarse a aplicar acuerdos que anteriormente había firmado y cada día viola los Derechos Humanos al detener, torturar y encarcelar a saharauis cuyo único delito es reclamar que se respete la legalidad internacional. Y todo ello lo sigue haciendo con la complicidad de España.

Es una vergüenza que este Gobierno haya estado engañando a la opinión publica respecto a su verdadera política en el conflicto del Sáhara; que diga una cosa y haga otra, y que nunca haya abierto la boca para exigir que se celebre el Referéndum de autodeterminación, que fue la condición previa para el alto el fuego de principios de los años 90 y cuya organización era el principal objetivo de la Misión de Naciones Unidas para un Referendum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

Pero lo peor no es que el Gobierno mire para otro lado ante la celebración de dicho referendum, sino que cada vez aparece más clara su voluntad de que éste no se celebre, prestando solapado respaldo a la voluntad marroquí de convertir el problema del Sáhara en un problema de Derecho Interno y al margen de la doctrina de la ONU sobre el territorio de los últimos 40 años.

MURO DE LA VERGÜENZA

Al abandono que de forma bochornosa se efectuó en 1975 de quienes legalmente eran nuestros conciudadanos, parece sumarse ahora un no menos bochornoso entendimiento con Marruecos respecto a un territorio que ocupa por la fuerza, en el que sostuvo durante cerca de 15 años una guerra de agresión y en el que, junto a la vulneración de los Derechos Humanos más elementales, se mantiene como testimonio la barbarie un Muro de la Vergüenza y la Intolerancia de varios miles de kilómetros que divide a las familias y la población en dos partes.

Marruecos es un país en conflicto permanente, con inmensas carencias democráticas y un complicadísimo equilibrio interno, denunciado por las más diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y que, además, también mantiene reivindicaciones territoriales con todos sus demás vecinos. Es intolerable que, en estas circunstancias, a nuestro Gobierno no se le haya ocurrido otra cosa que fortalecer su capacidad ofensiva, primando con ello su impunidad e intransigencia y perturbando los esfuerzos de paz desplegados por la Comunidad Internacional.