Cuando ha transcurrido más de un año desde el ataque indiscriminado por parte de unidades militares y policiales contra miles de civiles saharauis que pacíficamente reclamaban sus derechos económicos y sociales en el campamento de Gdeim Izik, en El Aaiún, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, las autoridades de ocupación, el Tribunal Penal Militar marroquí, pretende ahora juzgar a 24 jóvenes saharauis que desde entonces se encuentran presos en la prisión marroquí de Salé por su participación en el campamento de la dignidad.

Utilizando falsas acusaciones de pertenencia a banda armada o uso de la violencia, una vez más, el régimen marroquí muestra su verdadero rostro y responde con represión injustificada a las justas y pacíficas reclamaciones del Pueblo Saharaui que desde hace más de 35 años reclama el ejercicio de su inalienable derecho a la autodeterminación.

Esta acción, tan propia de regímenes no democráticos, supone una nueva muestra de la falta de voluntad del Gobierno marroquí para negociar con seriedad la solución del conflicto histórico del Sáhara Occidental en los términos de las resoluciones de la ONU.

En su lugar, pretende organizar nuevamente un juicio farsa, tal y como venimos conociendo en los últimos años, desarrollados siempre bajo un ambiente de tensión, militarización del exterior y la sala de audiencias, desórdenes públicos y manifestaciones políticas que dañan directamente el derecho a una defensa justa, atentan física y psicológicamente contra los acusados, sus familias y los observadores internacionales presentes.

Ante este nuevo atropello a la justicia, CEAS-Sáhara solicita:

1. del nuevo Gobierno Español, dadas sus responsabilidades históricas y jurídicas en el proceso de descolonización del Sahara Occidental, así como su papel relevante en el contexto de las relaciones internacionales, que se pronuncie públicamente contra este juicio absurdo e intervenga ante el Gobierno de Marruecos para detener los procesos judiciales ante la jurisdicción militar de civiles saharauis y garantizar las condiciones de un juicio imparcial de los presos saharauis o su inmediata e incondicional puesta en libertad.
2. del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y del Enviado Personal para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, de la Unión Europea y de sus gobiernos que se pronuncien también públicamente contra estos hechos y utilizando todos los recursos democráticos a su alcance, realicen las presiones necesarias sobre el Gobierno de Marruecos para que definitivamente se ponga fin a esta espiral de represión y violencia, y se de paso a una solución política que asegure el derecho del Pueblo Saharaui a la autodeterminación.

CEAS-Sáhara
Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara