La chispa de la primavera árabe nació en el campamento de Gdeim Izik –desmantelado violentamente por las fuerzas de ocupación marroquíes- y está cambiando el panorama político de la toda la región. La ONU debe cumplir ahora con su obligación de hacer respetar la legalidad internacional en el Sáhara Occidental y resolver un conflicto existente desde hace ya 36 años. Es una vergüenza que el ejército marroquí siga ocupando un territorio que invadió por la fuerza, negándose a cumplir las Resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad y pretendiendo sencillamente anexionarse el territorio.

Hace exactamente 20 años se firmó el alto el fuego, poniendo fin a una guerra de 16 años con Marruecos. A los ciudadanos/as del Sáhara Occidental se les prometió un referéndum de autodeterminación que jamás se ha llevado a cabo. Mientras tanto, más de 160.000 saharauis viven todavía en campos de refugiados en el desierto argelino y el resto de la población saharaui sufre los abusos de una ocupación ilegal que además expolia la riqueza de su territorio.

El Estado español, como potencia administradora, tiene la obligación jurídica de promover el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y no puede permanecer impasible ante lo que está sucediendo. Debe de llevar a cabo todo tipo de iniciativas para que se cumplan los acuerdos del alto el fuego, y que finalmente se materialice la libre determinación de la última colonia de África. Veinte años es mucho tiempo, pero aún no es demasiado tarde para aplicar las leyes internacionales y dar una solución pacífica a este conflicto. Ha llegado la hora de permitir que el pueblo saharaui decida libremente su futuro. Entre todos/as tenemos la oportunidad de conseguirlo.