Abogados de saharauis solicitantes de asilo político en España que huyen, tal y como apuntaron, de las "torturas y vejaciones" a las que son sometidos por parte de las autoridades marroquíes, denunciaron este lunes que todas las peticiones de protección han sido denegadas por parte del Ministerio del Interior y de la Audiencia Nacional sin llegar a ser valoradas por la "clara complicidad" entre los gobiernos español y marroquí.

En rueda de prensa, el letrado Ignacio Sáez argumentó que todas los solicitudes de asilo han sido denegadas cuando en todas las argumentaciones planteadas se puede observar "objetivamente que son historias reales" de vulneración de los Derechos Humanos y reprochó a Interior que rechace "la posibilidad de entrar siquiera a analizar si es procedente la concesión de asilo".

"El Gobierno se niega a estudiarlas en profundidad a pesar de los informes de ACNUR que recomienda este estudio y certifica las violaciones sistemáticas. En cambio, el Ministerio del Interior y la Audiencia Nacional necesitan un certificado de tortura", criticó.

En este sentido, destacó que hizo falta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (DDHH) de Estrasburgo emitiera una recomendación ante un recurso interpuesto por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) contra la expulsión de los componentes de la patera que llegó a Canarias el 5 de enero de 2011.

En este caso, Sáez indicó que las autoridades españolas tuvieron que "acatar" la decisión de Estrasburgo y se consiguió evitar la expulsión de los saharauis.

En el caso de los integrantes de la segunda patera llegada el día 30 de enero de 2010 a las costas españolas, el Ministerio del Interior, según contó el abogado, "aceleró el protocolo normal de devolución" sin dar casi tiempo a que los letrados pudieran apelar ante el tribunal europeo.

Aún así y gracias al rápido recurso contra esta nueva expulsión, Sáez apuntó que se logró que los solicitantes de asilo permanecieran en España y aún están pendientes de la resolución de su recurso.

"Responsabilizamos de lo que pueda sucederles, a los solicitantes de asilo, al Gobierno español y a los jueces españoles ante el riesgo grave e inminente que puede correr la vida e integridad de los saharauis expulsados", culpó.

Por último, el abogado contó que la semana pasada llegó una nueva patera a Canarias con 41 saharauis a bordo y confiaron en que, después de los dos pronunciamientos a favor de los solicitantes por parte del tribunal europeo, "corran mejor suerte".